Honduras: el crimen impune de un líder LGBTI

René Martínez, el líder LGBTI silenciado por la violencia

En esta quinta entrega de la serie periodística sobre la impunidad en los crímenes contra personas LGBTI en Honduras, la historia de René Martínez, líder político y comunitario del distrito de Chamelecón, en San Pedro Sula

René Martínez vivía en Chamelecón y era presidente
de la Comunidad Gay Sampedrana.

A René Anthony Martínez Izaguirre lo hallaron asesinado en lo que en Chamelecón llaman la frontera.

La frontera es una calle entre las colonias San Juan y 15 de Septiembre en el distrito de Chamelecón, al sur de San Pedro Sula, que divide los territorios donde imponen su ley a la fuerza, por medio de las amenazas, el caos y la muerte, las más violentas pandillas de Honduras: la Salvatrucha y la 18. Esa franja divisoria es un territorio extraño y cruzado de callejones.

El hallazgo del cadáver de Reny, estrangulado y con señales de tortura, es como un comentario cruel en la horrorosa página de su muerte porque René, también llamado Reny, se movía, como muchos miembros de la comunidad LGBTI, en una frontera incómoda entre los prejuicios y la aceptación, la simpatía y el odio.

A pesar de las luchas diarias que, por la forma de vida que han escogido, deben afrontar los miembros de la comunidad a la que pertenecía, Reny se convirtió en un líder de los grupos LGBTI de la costa norte de Honduras. El esfuerzo continuo para imponerse ante la sociedad como seres humanos dignos de respeto y participación no era, en el caso de Reny, una excusa para dejar de actuar, sino, al contrario, el motor que lo impulsaba. Trabajaba en muchas áreas. Era procurador de derechos humanos, voluntario del Centro de Alcance y del patronato de la colonia Suyapa, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, empleado de la alcaldía y activista del Partido Nacional. Trabajaba también en proyectos financiados por la Unión Europea y Estados Unidos.

La multitud de intereses que caracterizaba a Reny no era algo nuevo. En la adolescencia incluso había acariciado la idea de convertirse en sacerdote, pues desde que era niño se involucraba en las actividades de la Iglesia católica.  

A comienzos de junio de 2013, cuando lo raptaron para matarlo, Reny tenía una semana de haber celebrado su cumpleaños número 40 en un local comunitario con sus compañeros y amigos más cercanos. Hacía poco tiempo había regresado de un viaje a República Dominicana.

La mañana del secuestro, Reny, de piel trigueña clara y cabello ondulado, salió de la casa de la Suyapa donde vivía con su mamá, su hermana y sus cuatro sobrinos. Estuvo, como siempre, sumamente ocupado, coordinando actividades y yendo de un lado a otro para cumplir sus muchas ocupaciones y sus compromisos familiares y políticos.

Era un día normal de mayo, nublado y caluroso, y Reny se vistió normalmente, como le gustaba. Había una contradicción interesante entre la poca vistosidad en la forma de vestirse de Reny y su personalidad abierta y desacomplejada. Regresó a casa por la tarde y estuvo descansando hasta las 6:00 pm. A esa hora, su madre escuchó que lo llamaban y lo vio salir, supuestamente al Centro de Alcance donde ofrecía sus servicios como voluntario.

Esa fue la última vez que ella lo vio con vida.

Reny no ocultaba sus preferencias sexuales y estaba orgulloso de ser como era. Su romance más reciente con un joven había terminado hacía poco. Pero incluso su vida amorosa estaba en segundo plano respecto a su trabajo comunitario y sus ambiciones políticas: se estaba preparando para aspirar a una diputación suplente porque entendía que eso podría permitirle impulsar más los proyectos e ideas que llevaba desarrollando desde hacía años.

Una de las frases favoritas de René Martínez era
       "haré que la colonia Suyapa sea la mejor".

Una de las frases favoritas de Reny era “voy a hacer que la Suyapa sea la mejor”. Su trabajo integral abarcaba todos los frentes. Estaba preocupado por mejorar los servicios comunales en su colonia por medio de su trabajo en el patronato y su activismo en política, y anhelaba rescatar a los jóvenes en riesgo dándoles la oportunidad de desarrollarse en los Centros de Alcance. Reny era una de las voces de la Suyapa porque, según el punto de vista de algunos vecinos, las instituciones comunales eran, como suele decirse, de bajo perfil.

Una de las labores más importantes para Reny estaba en la presidencia de la Comunidad Gay de San Pedro Sula. Sin embargo, trabajar con tantas instituciones y en labores vistas con sospecha por ciertos sectores retrógrados de la sociedad era, también, una posible causa de dificultades para Reny. Tenía en contra, por un lado, la envidia de quienes podían ver de menos el talento de Reny para abrirse paso en la vida política local; por otro lado estaban quienes rechazan a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

 En 2014, Reny dio un paso gigantesco en su trabajo a favor de la comunidad gay al conseguir que la alcaldía sampedrana y los sectores LGBTI se acercaran.

A pesar de toda su labor por la comunidad, o tal vez más bien a causa de ella, Reny se había conseguido enemigos.

Esos enemigos fueron quienes pusieron en marcha los acontecimientos que acabaron con su vida.

El cadáver de Reny estaba ennegrecido por el sol, sin heridas visibles.

Las autoridades llegaron a recoger el cuerpo el miércoles primero de junio sin saber que era él. No le hallaron documentos y los rayos del sol le habían quemado tanto la piel que nadie supo al principio de quién se trataba. Lo hicieron ingresar como desconocido.

Días antes de que lo hallaran en la frontera, Reny no había llegado a dormir a la casa que compartía con sus familiares, pero su madre no se preocupó en exceso. Sabía que Reny se quedaba en ocasiones en otras casas, donde lo agarrara la noche, como dicen los hondureños, porque no le agradaba la idea de arriesgarse inútilmente. Sus amigos aseguraban que Reny no había recibido amenazas serias, al menos no que ellos supieran.

El jueves 2 de junio, segundo día de la desaparición, comenzaron las llamadas para saber dónde se encontraba Reny sin saber que, esas alturas, su cuerpo ya estaba como desconocido en los congeladores de la morgue sampedrana. Empezaron a postearse fotografías de Reny y mensajes en las redes sociales pidiendo información sobre su paradero. Reny era un aficionado a las redes sociales y las usaba a diario, entre otras cosas, para movilizar a sus compañeros en la alcaldía y el movimiento gay que presidía. Publicaba, en las redes, noticias sobre todas las actividades en que estaba involucrado porque opinaba que el público era demasiado indiferente y se hacía necesario mantenerlo informado de todas las maneras posibles. Su intención era que la comunidad estuviera en movimiento, resolviendo la gran cantidad de problemas de la colonia Suyapa y de todo Chamelecón. Era tan insistente en sus mensajes que sus amigos le decían, en broma, que a veces no los dejaba dormir.

El distrito de Chamelecón está el sur de San Pedro Sula.

La madre de Reny estaba muy preocupada, pero aun así todavía le quedaban esperanzas.

Al tercer día, viernes 3, ya no era posible esperar más. La madre de Reny fue a los sitios de rigor a los que va todo hondureño que no ha sabido nada de un familiar durante días. Uno de esos lugares es la morgue de Medicina Forense, al noroeste de San Pedro Sula, en la colonia Jardines del Valle. Ella llegó a la morgue, pero no pudo identificar a su hijo, aunque Reny estaba ya entre los cadáveres en depósito.

Horas después, representantes del Partido Nacional se dirigieron a Medicina Forense y lograron identificar el cuerpo de su compañero: sí, era Reny.

La búsqueda había terminado.

El caso de René Martínez sigue abierto.

Durante los primeros siete meses después del hallazgo del cuerpo de Reny, muchos sectores siguieron de cerca su caso porque varias instituciones con las que él mantenía vínculos, entre ellas la Unión Europea y la embajada de EUA, insistían en que las autoridades hondureñas se ocuparan de resolver el crimen y capturar a los culpables materiales e intelectuales del asesinato de Reny.

El caso, aparentemente, se había dado por cerrado cuando miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) mataron, la tarde del 26 de junio de 2016, a Walter Odelí Villanueva Sánchez, alias el Bunker, supuesto implicado en la muerte de Reny, cuando con varios compañeros suyos se enfrentó a tiros a los agentes.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público de San Pedro Sula aseguró en noviembre de 2017 que la investigación sigue abierta.

Enterraron a René Martínez el sábado 4 de junio de 2016 en el cementerio municipal de la colonia Buenos Aires, en Chamelecón. Cubrieron el ataúd con la bandera multicolor del movimiento gay y con la bandera verde de su equipo, el Marathón, de San Pedro Sula.

Solo dos o tres de los compañeros de Reny en el movimiento gay siguieron yendo a la oficina porque a la mayoría le dio miedo presentarse. Una de sus muchas razones para dejar de ir fue que los policías llegaban cuando menos los esperaban con la intención de llevarse gente para las investigaciones. La falta de apoyo institucional también influyó en la desbandada. En los últimos meses de 2017 se ha estado hablando de cerrar definitivamente la oficina del movimiento.

A pesar de que las autoridades hondureñas recibieron la cooperación de EUA por medio de un investigador colombiano en el caso de Reny, hasta la fecha, los autores intelectuales de su asesinato siguen libres.

El último día del bailarín hondureño Nino Emil Ramos

Impune como más de 200 asesinatos contra la comunidad LGBTI, la muerte en febrero de 2016 del bailarín progreseño Nino Emil Ramos dejó un hueco en la comunidad artística de Honduras

Adiós al Billy Elliot hondureño

En la cuarta entrega de la serie sobre la impunidad en los homicidios contra la población LGBTI en Honduras, el relato del último día en la vida del joven bailarín de ballet Nino Emil Ramos

Nino Ramos era un sobresaliente
bailarín progreseño.

Desde niño soñaba con bailar: algunos lo comparaban con el protagonista de la película Billy Elliot, ya que traía en las venas la pasión por la danza. Nino Emil Ramos Flores salió de su casa el viernes 12 de febrero de 2016 a las 9:00 pm.

Unas horas después, lo hallaron muerto a machetazos.

La historia de Nino es única e irrepetible como la de las 280 personas LGBTI que, según la organización Cattrachas, han muerto violentamente en Honduras desde 2008 hasta diciembre de 2017.

Si en algo se parecen casi todas esas muertes, es en que no hay culpables capturados por ellas. De hecho, según las estadísticas de Cattrachas, al menos 60 casos del total de 280 han sido judicializados. En el caso de Nino, quien siempre mantuvo en privado su orientación sexual, a la impunidad por no haber sido ni siquiera judicializado se agrega la sospecha de sus familiares de que las autoridades no se han tomado en serio su trabajo ni han hecho todo lo posible por encontrar a los responsables del crimen.

El día en que desapareció, Nino tenía mucho que hacer. Era un joven activo, atlético, trabajador y jovial. Como se acostumbra decir, era el centro de la fiesta, siempre alegrando con su risa contagiosa a quienes lo rodeaban. Era viernes, sábado chiquito, como dicen en las ciudades hondureñas, y ni siquiera el pronóstico de lluvia le quitaba la alegría a Nino. De hecho, los días lluviosos eran sus favoritos: cuando hacía frío y llovía le gustaba dormir de más.

Arregló las cosas de su cuarto en la casa situada en la frontera entre las colonias Palermo y Fraternidad de la Paz, en El Progreso, donde vivía. Dejó la camera y las fundas de su cama perfectamente alisadas, como le habían enseñado en el Liceo Militar del Norte, donde sacó la secundaria. Se bañó y se vistió. Le puso comida a Delilah, la perrita de raza husky que su hermano Cristian le había regalado en diciembre del 2015, y jugó un poco con ella. Delilah dormía en la cama de Nino; él la llevaba a todas partes y la llamaba mi hija. Era una perrita vivaz, de pelo claro.

Temprano por la mañana recibió una llamada de su prima Diana Ramos. Nino, que esa tarde tenía que ir a San Pedro a arreglar asuntos de trabajo, le prometió traerle un celular que le estaban reparando. Él trabajaba desde hacía 12 años como administrador del negocio familiar, la Hojalatería Ramos, fundada 30 años atrás por su padre, Bernandino Ramos Funes.

Nino había decidido abandonar el baile porque no ganaba bien en su último trabajo en la danza y porque, como les había contado a sus amigos y familiares, en Honduras a nadie le importaban las artes. Había resuelto dedicarse por entero a trabajar con su familia en el negocio situado en la segunda calle de la colonia Palermo para obtener mejores ingresos y apoyar a su familia; en la hojalatería, las cosas no iban bien y estaba casi en la quiebra.

A pesar de sus nuevos planes, bailar profesionalmente había sido durante años su pasión principal. Cuando su madre partió a Estados Unidos en el año 2000, llevándose a su hijo menor, Nino no pudo sacar los papeles para irse con ellos porque ya tenía 17 años, una edad demasiado avanzada, según las leyes estadounidenses. El destino trabaja de formas extrañas: si Nino se hubiera ido de Honduras hace 17 años, su historia sería distinta y no tendríamos que escribir este relato. Su tía se convirtió en su segunda madre. A los 18 años de edad, Nino se fue a vivir a Tegucigalpa, donde se aficionó al baile y, más tarde, a la danza árabe y al estilo llamado bellydance, o baile del vientre, al conocer en la universidad a la bailarina Jimena Carías.

Nino Ramos vivió en Tegucigalpa, donde se aficionó al baile.
En San Pedro Sula trabajó para Adagio Dance Studio.

Después de graduarse de mercadotecnia, Nino se mudó a San Pedro Sula, donde continuó practicando baile y recibió clases del periodista y bailarín Georgino Orellana, quien, por cierto, fue asesinado el 20 de abril de 2010 cerca del estadio Francisco Morazán. Nino trabajó en Adagio Dance Studio, en la 9 calle y 14 avenida, y organizó eventos internacionales, como la presentación de la bailarina estadounidense Sadie Marquardt en el teatro Francisco Saybe en agosto de 2013.

Cuando Nino murió, tenía unos tres años de haber regresado a vivir en El Progreso.

El cuarto de Nino tenía forma de U, con dos puertas, la que comunicaba con el garaje y la que daba a la sala de la casa. Después del almuerzo salió por la puerta que daba a la sala.

Llegó a las 2:00 pm, solo, manejando el pickup del negocio de su papá, al bufete donde trabajaba su prima Diana para recoger el papel con el que iba a reclamar el celular en el taller de San Pedro.

Estuvo en el trabajo de Diana hasta un poco después de las 3:00 pm. Volvió a subirse en el pickup y se fue a San Pedro Sula. Un poco después, Diana intentó hablar con él por teléfono, pero no le contestó; su celular sonaba apagado. Más tarde, ella volvió a intentar comunicarse, esta vez por Facebook, pero nada. Diana no se preocupó demasiado, pero ella y Nino eran como hermanos y pasaban pendientes uno del otro. Eran uña y carne.

Nino Ramos organizó presentaciones de
baile nacionales e internacionales.

A las 7:40 pm, Nino volvió a la casa de Diana, pero sin el celular. Se disculpó, diciendo que no le había quedado tiempo de recogerlo. Diana lo hizo prometer que iría al día siguiente a traer el teléfono y ella, a su vez, le prometió recordárselo llamándolo a las 7:00 am. Quién para saber que ninguna de las dos promesas se cumpliría.

Nino se quedó platicando con su prima mientras ella cuidaba a su niña. Diana era el único de sus familiares con quien Nino podía hablar abiertamente de su orientación sexual. Con el resto de su familia, en cambio, optaba por mantenerse en silencio.

Diana preparó el pepe, como llaman al biberón en Honduras, de su hija mientras Nino sostenía a la bebita que, en un descuido, se le orinó encima. Diana tomó a la niña y, en ese momento, Nino recibió una llamada a su celular. “¿Dónde estás? Bueno, ya voy”, le dijo a su misterioso interlocutor.

La tía de Nino le ofreció cena, pero él no la aceptó porque, según dijo, ya había comido y andaba el estómago lleno. Eran las 8:00 y Nino se despidió. Diana, con su bebé en brazos, fue con él hasta la puerta, pero no lo acompañó más lejos porque estaba lloviendo fuerte. Lo vio alejarse, reflejado en los charcos de la calle.

Todo estaba bien. Diana se imaginó que Nino aprovecharía el frío que tanto le gustaba para irse a casa a dormir bien arropado. Pero el infortunio llega sin avisar.

Esa fue la última vez que Diana lo vio con vida.

Las cosas empezaron a torcerse entre 5:00 y 6:00 am del sábado 13, cuando Diana llamó a Nino para recordarle que le trajera el teléfono de San Pedro Sula y el celular sonó apagado. Siguió llamándolo toda la mañana, pero tuvo la misma suerte. Diana desistió de seguir llamando y se dedicó a las tareas de la casa hasta las 11:00 am, cuando la madrastra de Nino la telefoneó preguntándole por él. “Lo ocupan para algo en la hojalatería”, dijo. Diana le contó lo de las llamadas, colgó y siguió ocupada con su niña.

Esa tarde, Lesly Flores, madre de Nino, llamó a Diana. La señora se había vuelto a casar en EUA y estaba en Honduras porque planeaba establecerse de nuevo en su país de origen. Preguntó por Nino y Diana contó la historia; agregó que era mejor ir a la policía porque el asunto se le hacía extraño. Nino no dejaba el celular apagado, argumentó. “Él no es así”.

Doña Lesly llamó otra vez a Diana a las 4:00 pm y Diana volvió a decirle lo mismo: el celular de Nino sonaba apagado. ¿No era mejor ir a la policía? Diana se ofreció a ir con ellos a la jefatura, pero oyó la voz del padre de Nino hablando al fondo: “Mejor no. Esa misma pasada la ha hecho Nino ya antes. ¿Para qué hacer tanto escándalo?”. Diana pensó que eso no era del todo cierto: cuando Nino se iba de casa, siempre avisaba.

Esa noche había un evento en San Pedro Sula en el que estaba el periodista Sabino Gámez, uno de los mejores amigos de Nino. Desesperada por saber de Nino, Diana se fue al evento y le preguntó a Gámez si sabía algo. Gámez empalideció al decir que no y, preocupado, llamó a otro amigo de Nino. Su amigo contó que Nino le había propuesto ir al estadio ese sábado temprano a ver el partido del equipo de fútbol Honduras Progreso, pero le había sugerido que, en vez de ir al estadio, fueran a tomar algo. Nino no aceptó. Eso fue lo último que su amigo supo de Nino.

El domingo, la madre de Nino llegó a casa de Diana. Estaba llorando, los ojos hinchados, angustiada, sin saber qué hacer. ¿Dónde, dónde estaba Nino?

Decidieron ir a la policía. Antes de irse, Diana telefoneó al abogado Marlon Rodríguez y él prometió llegar más tarde a ayudarlas. Ella y doña Lesly llegaron a la posta de la Policía Nacional frente al cementerio. Diana puso la denuncia presentándose como hermana de Nino. Esperaron que las dejaran pasar y Diana le enseñó a un investigador la foto del carro de Nino, un Pontiac Vibe blanco del 2007 que el hermano de él le había regalado cuando Nino cumplió 33 años un mes antes, el 21 de enero.

El investigador terminó de apuntar todos los datos que le estaban dando, vio la foto del Pontiac blanco e hizo una mueca de intriga. Diana quedó igual de intrigada al ver la cara del investigador, quien le pidió a la mamá de Nino el fólder con los documentos del carro y comenzó a dirigirse a la puerta trasera. “Espéreme acá”, le dijo a Diana al ver que ella se levantaba del asiento. Diana no hizo caso. El investigador salió y lo que Diana vio hizo que su corazón le saltara dentro del pecho.

El carro de Nino estaba en el estacionamiento.

Lo habían hallado abandonado y encendido en la colonia San Jorge.

Diana sintió que el cuerpo se le aligeraba. El carro estaba sucio, pero intacto y sin abolladuras. Entonces, a lo mejor, Nino estaba preso por haber cometido alguna travesura. Tenía sus momentos de locura, como mucha gente, y con unos tragos encima… Ya antes había hecho algunas cosas indebidas cuando salía con sus amigos, pero nada grave, en realidad. Sí, a lo mejor era eso, respiró Diana.

En ese momento llegó el abogado Rodríguez, saludó a Diana y su madrina y se puso a platicar con los investigadores. ¿Usted conoce a Nino Emil Ramos?, le preguntaron. Claro, dijo, lo conocía desde que estaba así de chiquito. ¿Cómo es él?, le preguntaron a Diana. Un muchacho blanco, sin tatuajes, con frenillos en los dientes, ¿por qué? El policía le mostró la pantalla de su celular al abogado, pero se descuidó y Diana le arrebató el teléfono. Sintió que el piso se hundía.

En la pantalla aparecía Nino, sin camisa, con jeans y faja, cubierto de sangre y heridas, los brazos completamente lacerados, tirado en algo parecido a un solar baldío. Lo habían matado de diez machetazos, casi todos en el cuello.

Nadie ha pagado por la muerte violenta de Nino Emil Ramos.

Como es común en Honduras, su caso ni siquiera está judicializado. Se encuentra, por así decirlo, en el vacío investigativo al que van a dar los miles de expedientes de personas que, como Nino, mueren violentamente cada año en Honduras. Luis Velásquez, sociólogo que trabaja para el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, opina que casos como este no son prioridad para las instituciones públicas porque no se trata de miembros de las familias de mayor poder político y económico del país y porque falta demanda social de justicia.

A Nino lo raptaron tres hombres, según los policías. Uno de los secuestradores -y, luego, asesinos- condujo el Pontiac blanco mientras los otros dos agarraban a Nino. Había, agregaron los investigadores, señales de lucha dentro del carro: un navajazo o puñalada que tasajeaba el asiento de enfrente, al lado del conductor.

Nino era joven y fuerte, medía 1.86 metros de estatura, llevaba años de ejercitarse con el propósito de mantenerse flexible para el baile y solía transportar sobre los hombros grandes cargas en su trabajo en la hojalatería. Debido a la fortaleza física de Nino, según las investigaciones, logró escaparse en algún momento, pero sus raptores volvieron a agarrarlo y lo metieron dentro del baúl del Pontiac. En la tapa del baúl se veían las marcas de las suelas de sus zapatos.

La policía asegura que Nino fue asesinado la madrugada del sábado 13. Por sus características, el asesinato de Nino es un crimen de odio debido al ensañamiento con que sus asesinos lo cometieron. Para el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, las personas de la diversidad sexual como Nino son extremadamente vulnerables y expuestas a agresiones físicas y emocionales.

La justicia hondureña es casi tan escurridiza como los maleantes que tienen sitiados a los ciudadanos comunes. En 2008, cinco personas pertenecientes a la diversidad sexual fueron asesinadas y la cifra no ha dejado de aumentar, con leves decrecimientos a lo largo de los años y dos picos: 40 en 2012 y 37 en 2015, el año antes de que mataran a Nino.

El caso de Nino Emil Ramos es una muestra de la enorme dificultad de que los seres queridos de una persona asesinada, sea o no LGBTI, obtengan justicia. Después de incontables llamadas telefónicas y visitas a los responsables y fiscales encargados de llevar el caso de Nino, la familia solo obtuvo evasivas durante ocho meses de insistencia. La fiscalía les decía que estaban investigando, que los llamarían en un día determinado, que acababan de cambiar fiscal y el nuevo no conocía los expedientes.

Los familiares de Nino fueron de fiscal en fiscal, de oficina en oficina, de investigador en investigador e insistían tanto que sintieron en algún momento que los encargados del caso comenzaban a verlos con antipatía y rechazo. Los policías jamás les dieron el dictamen de la autopsia y, aunque aseguraban que se había hecho un vaciado telefónico, nadie vio pruebas de que tal procedimiento se haya llevado a cabo.

Los Ramos tuvieron un momento de esperanza cuando un equipo de investigadores entrenados por Estados Unidos y especializados en crímenes de odio contra la comunidad LGBTI se entrevistaron con la familia, días después del entierro de Nino.

Pasaron los días y las cosas quedaron iguales.

El domingo 14, dos días después de la desaparición de Nino, su papá y otros familiares y amigos habían llegado a la morgue de Medicina Forense en la colonia Jardines del Valle, al noroeste de San Pedro Sula, cerca del centro regional de la Universidad Nacional Autónoma, para reclamar su cadáver. Lo sacaron de la bolsa para meterlo al carro donde se lo llevaron. El cuerpo tenía profundas cortaduras en el estómago que los empleados de la morgue habían intentado coser con grapas.

Nino Ramos tenía 33 años cuando
lo asesinaron.

Nino Emil Ramos Flores, descrito como trabajador y soñador por Sabino Gámez y como una luz por Sadie Marquardt, fue velado en la sala de la casa de un solo piso y de paredes de color salmón donde él vivía con su padre y madrastra en la colonia Palermo. Sobre el ataúd, su familia puso arreglos florales y fotos de Nino en traje de baile y con el uniforme del Liceo Militar del Norte donde estudió. Al final del velatorio llevaron el féretro por las calles de tierra hasta el cementerio Amor Eterno. Mucha gente fue al entierro.

¡Los mataron a todos!: la noche de horror de una familia hondureña

En la tercera entrega de la serie periodística sobre la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras publicamos la historia de la familia Rivera Carías, asesinada en una masacre en Chamelecón

La familia Rivera Carías residía en el peligroso distrito de Chamelecón,
al sur de San Pedro Sula, Honduras. 

Las muertes empezaron con la desaparición de Celma.

A Celma Argentina Rivera Carías, 34 años, vecina del peligroso sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, la raptaron el lunes 30 de septiembre de 2013, poco después del mediodía. Sus familiares pasaron el resto del día preguntando en los sitios adonde los hondureños van cuando desaparecen sus parientes: la policía y la morgue, pero no dieron con ella.

Los problemas no terminaron con el secuestro de Celma.

El día siguiente, martes primero de octubre, entre las 12:00 pm y la 1:00 am, varios hombres entraron en la escuela que servía también como hogar de los hermanos de Celma y mataron a cinco personas. En la masacre murieron a balazos sus tres hermanos, David Edgardo, Delmi Rosaura y Helen Aracely. Los asesinos también mataron a la compañera sentimental de Celma, Carmen Valdivieso López. La última en morir fue la pequeña hija, de apenas cinco años, de Helen.

Solo tuvieron que pasar unas cuantas horas para que asesinaran a cinco personas de una misma familia y a la compañera de Celma, pero muchas cosas más sucedieron en los días antes de los crímenes para que el infortunio acabara destruyendo el hogar sampedrano de los Rivera Carías.

Por desgracia, ya no tiene nada de raro o asombroso que la muerte se pasee a diario por las ciudades hondureñas. Los datos más recientes sobre la violencia en Honduras siguen siendo preocupantes, aunque el Gobierno asegura que ha habido una baja notable en los hechos criminales. Según las cifras oficiales, de enero a octubre de 2017 hubo 3,209 personas muertas violentamente en territorio hondureño. Las mismas cifras señalan que la cantidad de víctimas mortales se redujo 26.3% en comparación con 2016.

Morir violentamente se ha vuelto un lugar común: las familias sampedranas consumen noticias empapadas en sangre mientras desayunan o almuerzan frente al televisor. No es posible meditar demasiado tiempo en los aterradores detalles de un asesinato porque, en cuestión de minutos, otro crimen y, en muchas ocasiones, una nueva masacre lo desplazan de las notas de sucesos de los diarios, los noticieros sensacionalistas y, ahora, los reportes en las redes sociales.

Los miembros de la familia Rivera Carías no podían, sin embargo, darse el lujo de permanecer insensibles porque dos factores la distinguían de otras familias sampedranas: vivían en una zona dominada por pandillas y, además, Edgardo y Celma pertenecían a la comunidad de diversidad sexual: él era gay y ella, lesbiana. El miedo a la violencia y a los prejuicios estaba incrustado en el tejido de sus vidas.

La desgracia y el horror tienen su historia y se nos vienen encima por caminos a veces inesperados. La tragedia de los Rivera Carías comenzó mucho antes de la tarde del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre. Ya había señales de que algo malo podía ocurrir y Celma las conocía de primera mano; no podía salir a la calle sin dejar de escuchar a su paso los murmullos del desprecio injustificado: “allá va la machorra”, “ahí está la macho”. A ella, trigueña, de pelo rizado, jovial y “un tanto masculina”, según gente que la conoció, no parecían importarle los comentarios de los promotores del odio.

El día del rapto parecía otro lunes común y corriente.

Celma y Carmen se levantaron, desayunaron y prepararon la comida para su hijo adoptado, de 11 años de edad. La madre del niño era Daisy, hermana de Celma, pero Daisy había muerto cinco años antes y ahora era Celma quien se hacía cargo del niño. Comieron sin prisas, haciendo las bromas y los comentarios de toda pareja feliz. Tanto era el amor de Celma que había partido a Estados Unidos, años atrás, para trabajar allá y mandar a traer a Carmen y a su pequeño. La migra le cortó de cuajo los sueños al deportarla.

Vivían sin sentir vergüenza, se abrazaban, se llamaban “mi amorcito” en público. Carmen le decía “papi” a la mujer que amaba.

Era una vida casi perfecta en un mundo imperfecto.

Era una mañana hermosa en el distrito de Chamelecón, situado al sur de San Pedro Sula, en las orillas del río que lleva su mismo nombre y cerca de las montañas de la cordillera de El Merendón. La zona abarca varias colonias: la Sabillón Cruz, la Morales, la Ebenezer, la San Isidro, la 15 de Septiembre y la Santa Ana son solo algunas de ellas. La casa de Celma estaba en la 10 de Septiembre.

Chamelecón es un distrito al sur de San Pedro Sula
conocido por su alta tasa criminal.

Vista desde el aire, Chamelecón es una zona pintoresca, cubierta de árboles, escudada por cerros verdes y recorrida de punta a punta por las aguas achocolatadas del río. Al nivel de sus calles irregulares, en su mayoría de tierra o, en el mejor de los casos, cubiertas de balasto o balastre, como aquí lo llaman, la historia cambia: es una historia hecha, desde hace casi veinte años, de terror y muerte. La extorsión y el crimen se han tomado esta zona, convirtiéndola en tierra inhóspita. Las bandas delictivas han hecho de Chamelecón su territorio y exigen un pago por su condición de dueños autoimpuestos. Los negocios que deciden permanecer abiertos en la zona se resignan a pagar; los que se resisten a hacerlo deben retribuir de otra manera: con la vida, si es necesario. En este microcosmos se cumple la ley del más fuerte.

Carmen, Celma y su hijo llevaban viviendo varios años en medio del peligro constante, en la casa que también servía como centro de trabajo de Celma. La vivienda estaba a unas cuadras de la escuela donde vivían sus hermanos. Ahí mismo había instalado un taller de bicicletas, al que no se había tomado la molestia de ponerle nombre. Adultos y niños llegaban de los vecindarios cercanos con sus baikas para que Celma les reparara cadenas y frenos y les parchara los neumáticos.

Celma había obtenido el amor de Carmen yendo a acompañarla a las reuniones de su iglesia. Carmen había estado casada y tenía un hijo de 17 años, pero Celma se las arregló para conquistarla. Se complementaban. Carmen era frágil y femenina; Celma era comprensiva, pero de carácter fuerte.

Celma se vistió con la ropa que más le gustaba: camisa de botones y jeans. Ella era, de cierto modo, el hombre de la casa. Jamás se ponía las faldas que, por ejemplo, sí vestía Carmen.

Ese día, Celma tenía que salir más tarde a la bodega que estaba a unas cuadras de donde vivía para comprar dulces, galletas y los pequeños paquetes de frituras que los sampedranos llaman, genéricamente, churros, porque la casa no solo se mantenía con los ingresos del taller de baikas. Celma vendía golosinas en el jardín de niños y escuela Mi Segundo Hogar, propiedad de su familia. Carmen también trabajaba esporádicamente en la escuela. En ocasiones había ayudado a la finada doña Tomasa, madre de los Rivera Carías, a organizar las actividades y clases de los alumnos.

Celma estuvo haciendo labores en la casa hasta después del mediodía. Se despidió de Carmen y su hijo y salió a encontrarse con su destino.

Las calles no estaban desoladas. A pesar del ambiente opresivo de Chamelecón, nadie se encierra permanentemente. Prefieren llevar una vida lo más normal posible. Además, en este distrito, la Municipalidad, las organizaciones sociales, las Iglesias y los organismos internacionales trabajan en conjunto para prevenir la violencia a través de la educación y el acceso al trabajo para las personas más jóvenes. En las calles de tierra por las que Celma se dirigía a la bodega había niños jugando pelota, gente en bicicleta o a pie, uno que otro carro, algún camión repartidor de mercadería. La zona es como un pueblo: a su paso, Celma iba escuchando el canto de los gallos.

En Chamelecón, no es raro oír tiros a cualquier hora, de noche o de día. La calma, ese día, era engañosa.

Celma no pudo llegar a la bodega. A medio camino se le cruzó un carro, varios tipos se bajaron y la obligaron a subirse a golpes y empujones.

Esa fue la última vez que sus vecinos la vieron con vida.

Después de las dos de la tarde de ese día, la actividad en la escuela Mi Segundo Hogar se volvió frenética. La noticia del rapto no tardó en llegar a oídos de los familiares de Celma. Lo que parecía un lunes cualquiera, soleado y tranquilo, se volvió de golpe sombrío y se hinchó de malos augurios.

En la escuela, que también servía como hogar de los miembros de la familia Rivera Carías, la primera en levantarse fue Helen, 42 años, para preparar su desayuno y el de su hija de cinco años. Las dos tenían su propio cuarto, en el que dormían a gusto, aunque en esos días estaban reparándole el techo; faltaban un par de láminas por las que se colaban el aire y el agua, pero, por suerte, no estaban en días lluviosos.

En otro cuarto, donde había vivido en vida doña Tomasa con sus nietos, ya solo estaba ocupado por los niños y Delmi.

Quien acostumbraba levantarse más tarde que todos era Edgardo, de 31 años. Ocupaba el tercer y último cuarto de la casa y le gustaba desvelarse escuchando música o terminando algún trabajo pendiente en el cuarto que le tocaba a él solo. Entre semana, no lo sacaban de la cama ni siquiera las voces de los pequeños alumnos de Mi Segundo Hogar mientras, en la sala, la cocina y el porche pintados de verde oscuro y verde claro, cantaban canciones de buenos días bajo la supervisión de Helen, quien había pasado a ocupar el puesto de directora del jardín de niños y escuela después de la muerte de Tomasa Carías.

Edgardo, trigueño, de ojos cafés y 1.72 metros de estatura, se ganaba la vida reparando celulares y era gay, como su hermana Celma, pero, al contrario de ella, prefería mantenerse, como acostumbran decir los sampedranos, de bajo perfil. No daba muestras de sus preferencias en público. La sociedad hondureña es mayormente cerrada y machista, y quienes tienen gustos sexuales fuera de lo socialmente aceptado tienen que lidiar a diario con el rechazo y la incomprensión.

Edgardo Rivera Carías, asesinado en la masacre del 1
de octubre de 2013 en Chamelecón, San Pedro Sula.

Edgardo, a lo mejor por precaución y por haber escuchado los comentarios sobre su hermana mayor, había decidido que la discreción era lo más conveniente en su caso. La familia Rivera Carías, sin embargo, conocía perfectamente cuál era su orientación sexual. Y no solo ellos: muchos de sus conocidos y vecinos también lo sabían, aunque nadie lo mencionaba abiertamente. Había una especie de pacto de silencio y temor que le permitía a Edgardo evadir muchos de los problemas que tienen quienes deciden mostrarse tal como son demasiado abiertamente.  

Durante la mañana de ese día, los Rivera Carías hicieron las cosas normales que hace cualquier familia: desayunaron, platicaron, Helen preparó comida y las actividades del día en la escuela, los demás sobrinos jugaron con la hija de Helen, Edgardo envió y recibió mensajes, trabajó un poco y descansó un poco más.

A la hora del almuerzo, las cosas siguieron su curso normal.

Si estaban ocurriendo cosas malas, era en un sitio lejos de la colonia 10 de Septiembre.

Después del mediodía, cuando hacían la digestión y seguían concentrados en sus asuntos, les dieron la noticia.

¿Cómo? ¿Celma, raptada? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Cuando raptan a alguien en cualquier lugar del mundo, lo primero que se siente es incredulidad: ¿Será cierto? La alarma tarda un poco en propagarse y eso fue más o menos lo que les pasó a los Rivera Carías. Se vieron uno a otro, como buscando en sus rostros y ojos una explicación. No hallaron nada: exactamente lo mismo que hallarían al preguntarles a los policías, poco después.

Cuando el pánico ocupó el lugar de la duda, Edgardo y Helen, acompañados por Delmi, se pusieron en movimiento, sin saber qué hacer exactamente. Ir a poner la denuncia en la posta policial de Chamelecón parecía ser el primer paso lógico.

Pero ¿ir a la policía?

No cualquiera se atreve a denunciar delitos en Honduras y, si se atreve, lo hace con la duda de que alguien tratará de solucionar el problema. Denunciar un delito en Honduras es, señala un informe de la Unah publicado en 2016, “un tema pendiente”: solo tres de cada 10 víctimas de un delito lo denuncian. La mayoría de quienes no ponen denuncias lo hacen, según el reporte, porque no creen que las autoridades son eficaces; es menor la cantidad de personas que no ponen denuncias por miedo a represalias.

Pregúntenle a cualquier sampedrano si quiere ir a buscar a la policía para que le resuelvan algo y, en muchos casos, seguramente les dirá que prefiere no hacerlo, que le van a dar evasivas, que los policías están asociados con delincuentes, que nadie averiguará nada. Y, aunque piensan de ese modo, algunos sí denuncian los delitos en las postas en Chamelecón y en muchos otros sectores de San Pedro Sula. Como dice la gente de acá: no les queda de otra.

Y eso fue lo que hicieron los Rivera Carías. Fueron a la posta de Chamelecón a denunciar el secuestro de Celma. Llamaron a gente que vio el rapto y en la posta dieron datos, descripciones, se quejaron y rogaron, y los agentes prometieron movilizarse para buscar a Celma.

A lo mejor, pensaron sus hermanos, los secuestradores la habían llevado a algún sitio, quizá incluso dentro del propio Chamelecón, para mantenerla cautiva, esperando quién sabe qué. ¿Acaso para pedir un rescate? Era una idea extraña. Los Rivera Carías no eran gente de dinero. La idea era horrible, pero, al menos, les daba el consuelo de saber que Celma tal vez seguía viva.

Siguieron preguntando, llamando gente, amigos, conocidos. Llamaron, incluso, a una abogada especializada en casos de diversidad sexual, pero ella estaba de luto por la muerte de un pariente cercano suyo y, de todos modos, era obligatorio esperar 24 horas después de la desaparición para ordenar que actuaran las autoridades.

Después del pánico llegó la angustia. Fueron horas de retorcerse las manos, agarrarse la cabeza, jalarse el pelo. Las mujeres de la casa lloraron.

Ya era de noche.

A los hermanos Rivera Carías los mataron antes de que pudieran resignarse. Después de la angustia, cuando todo parece perdido, la gente suele resignarse, pero a ellos no les dieron tiempo.

Esa noche de lunes, solo los niños, que no entendían lo que estaba pasando, pudieron dormir. Delmi, Edgardo y Carmen estaban en la sala que también servía como aula, esperando algo, lo que fuera.

Pero llegó lo que menos esperaban.

A las doce y pico del día siguiente, primero de octubre, uno de los sobrevivientes, escondido en el clóset de uno de los cuartos de la escuela Mi Segundo Hogar, hizo una llamada telefónica: “¡Están haciendo tiros!”, susurró con la garganta hecha un nudo. Hizo una pausa y agregó: “¡Los están matando a todos!”.

A los tres hermanos Rivera Carías, a Carmen y a Daniela los mataron por dos errores. El primero fue denunciar el rapto en la posta policial de Chamelecón. El otro fue peor que el primero: Delmi Rosaura fue a cierta hora de la tarde del lunes a una casa ocupada por miembros de la temida pandilla 18 y les reclamó por el rapto de Celma. Delmi era una mujer explosiva y ese día no pudo con la mezcla de indignación, incertidumbre y miedo que la hacía temblar. Las cosas no podían quedarse así, pensó ella. Lo malo fue que lo mismo, exactamente, pensaron sus enemigos.

"Tierra de bendición": una calle del distrito de
Chamelecón, en San Pedro Sula.

Lo que hizo Delmi desencadenó la tragedia que causó la muerte de cinco personas y alteró el curso de la vida de los sobrevivientes.

Entre la una y las dos de la madrugada del día siguiente, martes primero de octubre, el calor, como casi siempre en San Pedro Sula, comenzaba apenas a reducirse cuando tres hombres jóvenes atravesaron el portón abierto de la escuela, apagaron las luces del porche que también servía de aula y le dijeron a Edgardo, Carmen y Delmi que los perseguía la policía. Quién para imaginarse que los tipos iban armados con pistolas y que en la calle y en las esquinas cercanas había otros hombres vigilando en espera de cualquier motivo de alerta para dar la señal a los de dentro.

Entraron en tromba y sacaron las pistolas. Edgardo estaba descalzo y llevaba puestos jeans y una camiseta oscura. Los tipos lo sacaron al porche a tirones y lo apoyaron contra el marco de la puerta y le perforaron la sien de un balazo. Edgardo se deslizó contra el marco y cayó al suelo de costado. Sobre el dintel de la entrada todavía estaba pegado el rótulo Feliz Día del Padre en letras brillantes, rodeado de flores y tallos de papel de colores.

Después, el turno mortal fue de Delmi, que había visto, en la peor de sus pesadillas, cómo acababan con la vida de su hermano. “Ah, también venimos por vos”, dijo uno de los asesinos. La golpearon con las cachas de las pistolas y, cuando hubo caído al suelo, le dispararon al menos diez veces hasta matarla.

Uno de los jóvenes le puso la pistola en la cabeza al hijo autista de Delmi y se preparaba para apretar el gatillo cuando otro le ordenó detenerse. “A ese no”, dijo.

La siguiente fue Carmen Valdivieso. Carmen estaba sentada en el suelo, petrificada por el terror. “También venimos por vos”, le dijo uno de los asesinos. Se acercó a ella, le puso el cañón de la pistola cerca del ojo (“acá te voy a dar”) y apretó el gatillo. Los ojos de Carmen se le salieron de las órbitas. Se derrumbó al suelo de losas claras, ya sin vida.

A los hombres no les costó dar con más víctimas. Atravesaron la sala y en un cuarto al fondo hallaron a Helen y a su hija, que en ese momento aún dormía a pesar de los tiros. “Dios mío, sálvanos”, pidió Helen. Su asesino no dijo nada mientras la mataba a balazos. El ruido, esta vez, sí despertó a la niña. Nunca supo qué estaba sucediendo. Un tiro a quemarropa en la cabeza se lo impidió.

Días después de la masacre, la policía de investigación sampedrana arrestó a ocho supuestos implicados.

Los sobrevivientes de la matanza huyeron a Estados Unidos.

La escuela quedó abandonada y está cada vez más deteriorada.

Tres días después de la masacre, el 4 de octubre, hallaron el cadáver de Celma en las cañeras de la colonia Ebenezer, cerca del estadio Olímpico. La habían torturado y decapitado.

En enero de este año comenzará el juicio oral y público contra Héctor José Díaz Escobar, miembro de la pandilla 18 y uno de los vinculados con la masacre en Mi Segundo Hogar. 

La masacre en la escuela y la muerte de Celma no han podido ser enlazadas por la Fiscalía.

Han pasado cinco años desde la muerte de Celma. Su asesinato continúa impune.

Honduras: las 280 muertes de la transexual Vicky Hernández

En Honduras, cuando eres una persona LGBTI, el riesgo de que mueras es uno de los más altos del mundo 

Si eres LGBTI y te asesinan, es posible que tu crimen nunca se esclarezca por la elevada impunidad que existe en el país 

El 78% de los casos LGBTI en el territorio hondureño siguen impunes. Solo el 22% ha sido judicializado y, de estos, no todos han obtenido sentencias condenatorias 

Vicky Hernández Castillo, llamada al nacer
Johnny Hernández (1983-2009).

Su asesinato fue horroroso e irracional, cometido con una aversión que cuesta describir. 

Era la noche del 28 de junio de 2009, fecha del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, y Vicky Hernández Castillo —llamada al nacer Johnny Emilson Hernández— salió a la calle a ejercer el comercio sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti. 

Vicky, sampedrana, 26 años, tenía enemigos que acechaban en las sombras. La vida de las trabajadoras del sexo está en peligro constante, pero el riesgo se multiplica cuando se trata de una persona transexual. 

Con su asesinato comenzó una seguidilla de 279 muertes violentas desde 2009 hasta diciembre de 2017, según el Observatorio de Muertes Violentas de las Personas LGBTI de la asociación lésbica Cattrachas. 

En ocho años, sólo 60 casos se judicializaron y menos de la mitad de ellos tienen sentencia condenatoria. Todo lo demás está impune. 

Desde 2008 a la fecha se judicializaron 41 casos y se lograron 22 sentencias condenatorias, indica el Ministerio Público en un documento oficial. 

En otros documentos públicos, el Poder Judicial señala que se han otorgado sentencias condenatorias a 24 personas y se han dado sentencias absolutorias a seis. 

Imposible saber cuántas veces Vicky se las arregló para escapar de la muerte: su existencia era, quizá, una ruleta rusa. Pero el 28 de junio se le acabó la suerte. Al día siguiente, la encontraron sin vida entre los barrios Santa Anita y Concepción, a una cuadra del antiguo local de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral. 

El asesinato de Vicky es importante por varias razones: ocurrió en un ambiente político tempestuoso, la víctima era transexual, lo cometieron con ensañamiento, fue una ejecución extrajudicial y permanece impune. 

Los prejuicios en su caso rozan lo descabellado. Las autoridades forenses se negaron a practicarle la autopsia a Vicky “con la excusa de que era VIH positiva” y “no quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, según una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organizaciones hondureñas y extranjeras como Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights. 

Las autoridades hondureñas argumentaron después que sí le habían hecho la autopsia a Vicky, pero nunca se encontraron registros oficiales del procedimiento forense. Lo que sí se sabe es que murió de varios balazos. 

El crimen sin resolver de Vicky es uno de miles de ejemplos de cómo la impunidad se ha vuelto un cáncer del sistema investigativo y judicial en Honduras que perjudica particularmente la forma de aplicar justicia en los casos LGBTI. “Usted no tiene idea de lo que es la impunidad. La impunidad no solo es que no investiguen, sino que, cuando investigan, investigan con prejuicios, homofobia o lesbofobia”, dice al respecto Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas. Mientras tanto, la justicia hondureña no ha capturado y mucho menos judicializado a los asesinos de Vicky. El Estado hondureño “es responsable por el retardo injustificado en la investigación del asesinato de Vicky”, asegura la petición presentada a la CIDH en 2012 y alega además que hay “discriminación en el acceso a la justicia” debido a la identidad de género de la víctima. 



Entendiendo la impunidad 

La impunidad es mayor en los asesinatos de personas
LGBTI porque no son prioridad para el Estado.

Para entender mejor el caso de Vicky, debemos ahondar en el significado de la palabra “impunidad”. 
La impunidad y la corrupción son fenómenos que están directamente relacionados, al grado de que muchos creen que son un solo fenómeno, señala Leticia Salomón, reconocida investigadora hondureña. 
Hay tanta impunidad que la ciudadanía deja de denunciar los delitos porque sabe que jamás los resolverán, agrega Salomón, lo que dice mucho de la dimensión del fenómeno delincuencial y de la debilidad institucional de policías, fiscales y jueces para capturar a los implicados y aplicar sanciones. 
Aunque una persona LGBTI puede ser víctima de la delincuencia común, en gran cantidad de casos puede ser que la violación de los derechos humanos se haga pasar por un acto delictivo común. 
“La impunidad se acentúa en los asesinatos de personas LGBTI porque no son prioridad para el Estado, el Gobierno y las instituciones, ya que no tienen apellidos de las familias de mayor poder político y económico de Honduras y porque falta mayor demanda social de que a estos casos se les haga justicia”, opina Luis Velásquez, sociólogo del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. 
Vicky era, como muchas de las víctimas LGBTI, de orígenes humildes: procedía de los barrios más desfavorecidos de San Pedro Sula y trabajaba para sostener a su familia, en especial a su sobrinita. Vivía con su madre y su hermana y siempre fue una luchadora incansable. Después de su muerte fue velada en la organización Colectivo Color Rosa. 
Un factor importantísimo que permite entender cómo se diferencia el crimen común del crimen LGBTI, como en el caso de Vicky, es según el sociólogo Luis Velásquez que, “al ser catalogados como una población que ‘vale menos’, no hay una demanda generalizada, por lo que los casos de homicidios producto de crímenes de odio no se resuelven”. 
El análisis de Velásquez aporta dos visiones del crimen contra la población LGBTI: primero, la mayoría de las víctimas son de escasos ingresos; segundo, son personas que sufren prejuicios y rechazo constante por su identidad de género, en el caso de personas transexuales, y por su orientación sexual, en el de gays, bisexuales y lesbianas. 
La pobreza y las preferencias sexuales fuera de la norma social aceptada son dos factores decisivos para explicar por qué, en los últimos ocho años, la cantidad de muertes violentas LGBTI se ha disparado a alturas inconcebibles. 
La sociedad hondureña es patriarcal, lo que influye en el desprecio con que algunos sectores sociales ven a las personas LGBTI. En un entorno patriarcal, el repudio a estos grupos crea un ambiente ideal para multiplicar los crímenes contra este grupo poblacional. 



Política y crimen 
En los últimos ocho años, la violencia contra las personas LGBTI parece haberse vuelto más clasista y, consecuentemente, política. Casi todas las víctimas pertenecientes a estos grupos son pobres y por eso no reciben el buen trato que se da a las clases altas hondureñas. Como no tienen dinero, es más fácil matarlas con la seguridad de que nadie se encargará de castigar a los hechores. 
Los sectores se enfrentaron en 2009, explica Erick Martínez, defensor del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), al referirse a la creciente participación política de los grupos LGBTI debido a la violencia estatal y delictiva. “Una manifestación del golpe de Estado fueron las personas de la comunidad LGTBI protestando. Eso causó visibilidad”. 
Durante el régimen michelettista, el pueblo empezó a enterarse de la existencia de los grupos LGBTI. Se abrieron “brechas para que los grupos del crimen organizado, pandillas y otros controlados por grupos de poder empezaran a hacer asesinatos selectivos porque la comunidad en aquel momento se empoderó y visibilizó”, indica Martínez. A mayor visibilidad, más peligro e impunidad. 
“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape”, dice Ramón Barrios, abogado y catedrático universitario, y ahonda en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras: “Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%. ¿Por qué se da? En general, por la deficiente investigación en Honduras. El crimen ha desplazado a la capacidad investigativa. Además hay un sesgo. Los mismos órganos de investigación y el Estado ven a la comunidad LGBTI como una cuestión de ‘los mataron, se mueren porque se lo merecen en función de en qué andan’. Hay un prejuicio hasta religioso al decir ‘se lo merecen’, al decir que no siguen los dictados tradicionales de Dios”. 
Estas ideas de Barrios coinciden con lo que apunta el sociólogo Luis Velásquez: el rechazo a las preferencias sexuales fuera de la norma es una de las causas principales de los crímenes LGBTI. 
El rechazo se convierte en odio. Se dice que tendemos a rechazar lo que no entendemos. Esa es una de las raíces de los prejuicios, en especial de los peligrosos prejuicios contra la comunidad LGBTI. Una frase del investigador Javier Acevedo resume esta actitud: “Están en esa categoría de indeseables. Son ciudadanos de tercera clase”. 



Matar por odio 

El asesinato de la transexual Vicky Hernández
sigue esperando justicia.

Mientras la familia de Vicky está esperando justicia, una de sus sobrinas, quien es transexual y trabajadora comercial del sexo, nos dice que la recuerda muy poco y, aunque sabe las circunstancias en que murió, dice que siente miedo, pero eso no le impide salir adelante. “A veces, los clientes no quieren pagar lo que uno vale”, se queja. 
Una de las denuncias de los grupos organizados LGBTI en Honduras es que la Iglesia fomenta con su discurso de odio el rechazo a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. 
“La Confraternidad Evangélica en Honduras se ha encargado de incitar al odio, discriminación y rechazo contra nosotras”, expresa Rihanna Ferrera, activista transexual y directora ejecutiva de la Asociación Cozumel Trans. 
Otras instituciones se han sumado al repudio y la indiferencia. Ferrera opina que, para el Poder Judicial y el Congreso Nacional, los crímenes contra la comunidad no son de interés para el país. “No hay voluntad política. La impunidad y la corrupción se ligan. Cuando asesinan a una persona LGBTI, no hay investigación y, si hay, es contra el asesinado y no contra el hechor del crimen”. 
En los últimos ocho años, aproximadamente 250 personas LGBTI han huido a otros países por la inseguridad, según Ferrera. 
“Vivimos en un Estado patriarcal hacia las mujeres transexuales y lesbianas. En la mayoría de los casos, las mujeres transexuales son asesinadas con arma de fuego y eso hace la investigación más difícil y, en el caso de los gays, con arma blanca. Es más fácil identificar al autor del crimen del gay porque no lo matan en las calles, lo matan en un hotel, en su casa, etcétera. Y a una transexual, en la calle y en horarios cuando ejerce el comercio sexual”. 
Rihanna ha sido testigo de los resultados nefastos del rencor injustificado contra su comunidad. En 2010, Débora Kurkova, una transexual trabajadora del sexo, fue asesinada en una gasolinera cerca del hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa, relata Ferrera. 
Esa noche, Débora se acercó a una camioneta en la que iba un grupo de borrachos. Los hombres le dijeron algo, ella los insultó y, cuando se alejaba, le dispararon. “Me ahogo”, se quejó. Le pidieron ayuda a una patrulla, pero el policía se negó a llevarla. “A una persona de ustedes no la puedo montar”, dijo. “A saber qué enfermedades tiene”. 
“Débora murió en la calle”, cuenta Rihanna. “Hasta la fecha, su crimen no ha sido resuelto”. 
“La impunidad queda dentro de las personas trans porque son ejecutadas en las calles; la impunidad queda con las mujeres lesbianas a las que matan de 2, 3 y 4. Somos masacradas y no encuentran una relación de por qué eran lesbianas; siempre las meten allí como cualquier mujer”, indica Indyra Mendoza. 
La tasa más alta de homicidios entre mujeres transgénero de todo el hemisferio pertenece a Honduras: 9.68 asesinatos por cada millón de habitantes, según la ONG Transgender Europe. 
Más del 92% de los crímenes de odio quedan impunes debido a un marco legal discriminatorio, señala el informe de 2012 del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras. 
Sin embargo, la Iglesia también tiene su punto de vista respecto a la violencia contra las personas LGBTI. “Yo no podría pensar que, en lo que ocurre en términos de crímenes de odio, todo está vinculado con eso. Lamentablemente han querido atribuirle al discurso de la Iglesia lo que pasa, lo que experimenta, pero no necesariamente es eso”, alega el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional de Honduras. 
Solórzano no cree que todos estos crímenes sean de odio; opina que se deben, en ocasiones, a “situaciones que ellos viven”. Está seguro de que los asesinatos LGBTI no son causados por al discurso religioso: los pastores, agrega, no le dicen a nadie “mate a una persona homosexual”. Solórzano le da vuelta al razonamiento de los grupos LGBTI y muestra a la Iglesia como una especie de víctima. Desde su punto de vista, ellos ven a la Iglesia “como un estorbo, un enemigo”, y la culpan de “todos sus padecimientos, todos sus males”. 



Buscando soluciones 
Ha habido intentos institucionales de luchar contra la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras. Algunas de esas tentativas son promovidas desde el extranjero. 
En el 2010, el Examen Periódico Universal hizo 129 recomendaciones al Estado hondureño, entre ellas, la creación de la unidad especializada para investigar las muertes violentas de personas LGBTI y realizar una reforma en el Artículo 321 del Código Penal de Honduras que garantizara la protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. En la actual modificación a este código, lo quitaron. 
En 2011, el expresidente Barack Obama hizo un llamado al Gobierno de Honduras para “investigar estos asesinatos y hacer responsables a los perpetradores”. La embajada de EUA en Honduras trabajó de cerca con el Gobierno -en ese entonces, la administración del expresidente Porfirio Lobo- para establecer una unidad de víctimas especiales que investigara y llevara a juicio los crímenes de odio contra las personas LGBTI. Las autoridades estadounidenses consiguieron que un fiscal y un detective experto viajaran a Honduras para ayudar a establecer la unidad en el Ministerio Público. 
El Gobierno de Obama trajo expertos para investigar las muertes contra la población LGBTI. Capacitó a hondureños, fiscales, policías de investigación y estuvo funcionando más o menos bien en Tegucigalpa. 
Se creó la mesa de acceso a la justicia LGBTI y después trasladaron la Unidad de Crímenes de Alto Impacto y la mesa a San Pedro Sula. En la zona norte funcionó muchísimo mejor que en Tegucigalpa por el trabajo de la exfiscal Norma Sobeida Narváez, quien fue separada de la institución en 2014. 
La mayor parte de los requerimientos fiscales y casos judicializados de todo Honduras eran de San Pedro Sula. “Ella [Narváez] fue la diferencia; la echaron y se acabó. Por eso hay un montón de casos judicializados”, dice Indyra Mendoza. 
La mayor prioridad de la Unidad de Muertes de Alto Impacto eran las muertes LGBTI y de funcionarios públicos, fiscales o jueces, relata la exfiscal Narváez. 
“Costó que se adaptaran los agentes porque nuestra sociedad es totalmente machista”, dice Narváez. “La comunidad sentía recelo, pero vieron que los agentes no los discriminaban ni maltrataban, no los agredían como otros policías y los trataban con respeto. Entonces se abrieron y les dieron acceso”. 
Narváez y sus cinco agentes recibieron capacitación en El Salvador y ella en Roswell, Estados Unidos. No se hacían algunas investigaciones porque faltaban recursos y la embajada apoyaba con viáticos y un vehículo. 
La unidad tuvo dificultades al tomar casos abandonados porque era muy difícil hallar pruebas. “Antes no cuidaban la escena, se perdían elementos y ya no se ubicaba a los testigos”, agrega. En los casos recientes, según la exfiscal, el problema más grande para resolverlos es la falta de “interés del fiscal y los agentes”. 
En el caso de Vicky, dos de las testigos de su asesinato están muertas y el Estado tendrá que dar muy pronto una respuesta a la CIDH. 

Actualmente en el Ministerio Público, varias fiscalías pueden ver casos de alto impacto. En 2017, el presupuesto general de la institución fue de 1,745,475,158 lempiras. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la Unidad de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables encargada de atender actualmente los homicidios de personas LGBTI. El presupuesto de esta última en 2017 fue de 25,502,261 lempiras y tiene, en la zona central, dos fiscales y, en la noroccidental, la misma cantidad de servidores públicos. Los operadores de justicia tienen a la orden investigadores de la ATIC y la DPI. 
Una de las críticas al sistema es que la carga laboral de un fiscal puede ser tan alta que las investigaciones no avancen ni se judicialicen los casos. También se le abona la falta de recursos económicos y técnicos. En 2017 han matado a 33 personas LGBTI en Honduras. Las últimas cuatro muertes ocurrieron en el departamento de Cortés. En Puerto Cortés, fueron asesinados dos gays y una transexual. El otro caso se dio en San Manuel, donde otra transexual fue ultimada por un supuesto cliente. En coordinación con la mesa de acceso a la justicia de San Pedro Sula y la unidad especial del Ministerio Público se han logrado judicializar siete de estos 33 casos. 
Durante la última campaña electoral hondureña, los discursos de odio contra los grupos lésbicos gays se intensificaron. “Reconocemos la importancia de realizar una investigación exhaustiva para evitar que estos crímenes queden impunes”, dijo en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras. 
Uno de esos casos que aguardan solución es el de Vicky Hernández Castillo. Han pasado más de ocho años desde su asesinato, pero hay personas que se han prohibido olvidarla, como las que presentaron a favor de ella una petición para la CIDH exigiendo que el Estado de Honduras responda por el crimen. 
No solo se trata de Vicky. Como ella, otras 257 víctimas LGBTI siguen esperando justicia, ya que sólo 24 casos han sido condenados, según información del Poder Judicial.