¡Los mataron a todos!: la noche de horror de una familia hondureña

En la tercera entrega de la serie periodística sobre la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras publicamos la historia de la familia Rivera Carías, asesinada en una masacre en Chamelecón

La familia Rivera Carías residía en el peligroso distrito de Chamelecón,
al sur de San Pedro Sula, Honduras. 

Las muertes empezaron con la desaparición de Celma.

A Celma Argentina Rivera Carías, 34 años, vecina del peligroso sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, la raptaron el lunes 30 de septiembre de 2013, poco después del mediodía. Sus familiares pasaron el resto del día preguntando en los sitios adonde los hondureños van cuando desaparecen sus parientes: la policía y la morgue, pero no dieron con ella.

Los problemas no terminaron con el secuestro de Celma.

El día siguiente, martes primero de octubre, entre las 12:00 pm y la 1:00 am, varios hombres entraron en la escuela que servía también como hogar de los hermanos de Celma y mataron a cinco personas. En la masacre murieron a balazos sus tres hermanos, David Edgardo, Delmi Rosaura y Helen Aracely. Los asesinos también mataron a la compañera sentimental de Celma, Carmen Valdivieso López. La última en morir fue la pequeña hija, de apenas cinco años, de Helen.

Solo tuvieron que pasar unas cuantas horas para que asesinaran a cinco personas de una misma familia y a la compañera de Celma, pero muchas cosas más sucedieron en los días antes de los crímenes para que el infortunio acabara destruyendo el hogar sampedrano de los Rivera Carías.

Por desgracia, ya no tiene nada de raro o asombroso que la muerte se pasee a diario por las ciudades hondureñas. Los datos más recientes sobre la violencia en Honduras siguen siendo preocupantes, aunque el Gobierno asegura que ha habido una baja notable en los hechos criminales. Según las cifras oficiales, de enero a octubre de 2017 hubo 3,209 personas muertas violentamente en territorio hondureño. Las mismas cifras señalan que la cantidad de víctimas mortales se redujo 26.3% en comparación con 2016.

Morir violentamente se ha vuelto un lugar común: las familias sampedranas consumen noticias empapadas en sangre mientras desayunan o almuerzan frente al televisor. No es posible meditar demasiado tiempo en los aterradores detalles de un asesinato porque, en cuestión de minutos, otro crimen y, en muchas ocasiones, una nueva masacre lo desplazan de las notas de sucesos de los diarios, los noticieros sensacionalistas y, ahora, los reportes en las redes sociales.

Los miembros de la familia Rivera Carías no podían, sin embargo, darse el lujo de permanecer insensibles porque dos factores la distinguían de otras familias sampedranas: vivían en una zona dominada por pandillas y, además, Edgardo y Celma pertenecían a la comunidad de diversidad sexual: él era gay y ella, lesbiana. El miedo a la violencia y a los prejuicios estaba incrustado en el tejido de sus vidas.

La desgracia y el horror tienen su historia y se nos vienen encima por caminos a veces inesperados. La tragedia de los Rivera Carías comenzó mucho antes de la tarde del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre. Ya había señales de que algo malo podía ocurrir y Celma las conocía de primera mano; no podía salir a la calle sin dejar de escuchar a su paso los murmullos del desprecio injustificado: “allá va la machorra”, “ahí está la macho”. A ella, trigueña, de pelo rizado, jovial y “un tanto masculina”, según gente que la conoció, no parecían importarle los comentarios de los promotores del odio.

El día del rapto parecía otro lunes común y corriente.

Celma y Carmen se levantaron, desayunaron y prepararon la comida para su hijo adoptado, de 11 años de edad. La madre del niño era Daisy, hermana de Celma, pero Daisy había muerto cinco años antes y ahora era Celma quien se hacía cargo del niño. Comieron sin prisas, haciendo las bromas y los comentarios de toda pareja feliz. Tanto era el amor de Celma que había partido a Estados Unidos, años atrás, para trabajar allá y mandar a traer a Carmen y a su pequeño. La migra le cortó de cuajo los sueños al deportarla.

Vivían sin sentir vergüenza, se abrazaban, se llamaban “mi amorcito” en público. Carmen le decía “papi” a la mujer que amaba.

Era una vida casi perfecta en un mundo imperfecto.

Era una mañana hermosa en el distrito de Chamelecón, situado al sur de San Pedro Sula, en las orillas del río que lleva su mismo nombre y cerca de las montañas de la cordillera de El Merendón. La zona abarca varias colonias: la Sabillón Cruz, la Morales, la Ebenezer, la San Isidro, la 15 de Septiembre y la Santa Ana son solo algunas de ellas. La casa de Celma estaba en la 10 de Septiembre.

Chamelecón es un distrito al sur de San Pedro Sula
conocido por su alta tasa criminal.

Vista desde el aire, Chamelecón es una zona pintoresca, cubierta de árboles, escudada por cerros verdes y recorrida de punta a punta por las aguas achocolatadas del río. Al nivel de sus calles irregulares, en su mayoría de tierra o, en el mejor de los casos, cubiertas de balasto o balastre, como aquí lo llaman, la historia cambia: es una historia hecha, desde hace casi veinte años, de terror y muerte. La extorsión y el crimen se han tomado esta zona, convirtiéndola en tierra inhóspita. Las bandas delictivas han hecho de Chamelecón su territorio y exigen un pago por su condición de dueños autoimpuestos. Los negocios que deciden permanecer abiertos en la zona se resignan a pagar; los que se resisten a hacerlo deben retribuir de otra manera: con la vida, si es necesario. En este microcosmos se cumple la ley del más fuerte.

Carmen, Celma y su hijo llevaban viviendo varios años en medio del peligro constante, en la casa que también servía como centro de trabajo de Celma. La vivienda estaba a unas cuadras de la escuela donde vivían sus hermanos. Ahí mismo había instalado un taller de bicicletas, al que no se había tomado la molestia de ponerle nombre. Adultos y niños llegaban de los vecindarios cercanos con sus baikas para que Celma les reparara cadenas y frenos y les parchara los neumáticos.

Celma había obtenido el amor de Carmen yendo a acompañarla a las reuniones de su iglesia. Carmen había estado casada y tenía un hijo de 17 años, pero Celma se las arregló para conquistarla. Se complementaban. Carmen era frágil y femenina; Celma era comprensiva, pero de carácter fuerte.

Celma se vistió con la ropa que más le gustaba: camisa de botones y jeans. Ella era, de cierto modo, el hombre de la casa. Jamás se ponía las faldas que, por ejemplo, sí vestía Carmen.

Ese día, Celma tenía que salir más tarde a la bodega que estaba a unas cuadras de donde vivía para comprar dulces, galletas y los pequeños paquetes de frituras que los sampedranos llaman, genéricamente, churros, porque la casa no solo se mantenía con los ingresos del taller de baikas. Celma vendía golosinas en el jardín de niños y escuela Mi Segundo Hogar, propiedad de su familia. Carmen también trabajaba esporádicamente en la escuela. En ocasiones había ayudado a la finada doña Tomasa, madre de los Rivera Carías, a organizar las actividades y clases de los alumnos.

Celma estuvo haciendo labores en la casa hasta después del mediodía. Se despidió de Carmen y su hijo y salió a encontrarse con su destino.

Las calles no estaban desoladas. A pesar del ambiente opresivo de Chamelecón, nadie se encierra permanentemente. Prefieren llevar una vida lo más normal posible. Además, en este distrito, la Municipalidad, las organizaciones sociales, las Iglesias y los organismos internacionales trabajan en conjunto para prevenir la violencia a través de la educación y el acceso al trabajo para las personas más jóvenes. En las calles de tierra por las que Celma se dirigía a la bodega había niños jugando pelota, gente en bicicleta o a pie, uno que otro carro, algún camión repartidor de mercadería. La zona es como un pueblo: a su paso, Celma iba escuchando el canto de los gallos.

En Chamelecón, no es raro oír tiros a cualquier hora, de noche o de día. La calma, ese día, era engañosa.

Celma no pudo llegar a la bodega. A medio camino se le cruzó un carro, varios tipos se bajaron y la obligaron a subirse a golpes y empujones.

Esa fue la última vez que sus vecinos la vieron con vida.

Después de las dos de la tarde de ese día, la actividad en la escuela Mi Segundo Hogar se volvió frenética. La noticia del rapto no tardó en llegar a oídos de los familiares de Celma. Lo que parecía un lunes cualquiera, soleado y tranquilo, se volvió de golpe sombrío y se hinchó de malos augurios.

En la escuela, que también servía como hogar de los miembros de la familia Rivera Carías, la primera en levantarse fue Helen, 42 años, para preparar su desayuno y el de su hija de cinco años. Las dos tenían su propio cuarto, en el que dormían a gusto, aunque en esos días estaban reparándole el techo; faltaban un par de láminas por las que se colaban el aire y el agua, pero, por suerte, no estaban en días lluviosos.

En otro cuarto, donde había vivido en vida doña Tomasa con sus nietos, ya solo estaba ocupado por los niños y Delmi.

Quien acostumbraba levantarse más tarde que todos era Edgardo, de 31 años. Ocupaba el tercer y último cuarto de la casa y le gustaba desvelarse escuchando música o terminando algún trabajo pendiente en el cuarto que le tocaba a él solo. Entre semana, no lo sacaban de la cama ni siquiera las voces de los pequeños alumnos de Mi Segundo Hogar mientras, en la sala, la cocina y el porche pintados de verde oscuro y verde claro, cantaban canciones de buenos días bajo la supervisión de Helen, quien había pasado a ocupar el puesto de directora del jardín de niños y escuela después de la muerte de Tomasa Carías.

Edgardo, trigueño, de ojos cafés y 1.72 metros de estatura, se ganaba la vida reparando celulares y era gay, como su hermana Celma, pero, al contrario de ella, prefería mantenerse, como acostumbran decir los sampedranos, de bajo perfil. No daba muestras de sus preferencias en público. La sociedad hondureña es mayormente cerrada y machista, y quienes tienen gustos sexuales fuera de lo socialmente aceptado tienen que lidiar a diario con el rechazo y la incomprensión.

Edgardo Rivera Carías, asesinado en la masacre del 1
de octubre de 2013 en Chamelecón, San Pedro Sula.

Edgardo, a lo mejor por precaución y por haber escuchado los comentarios sobre su hermana mayor, había decidido que la discreción era lo más conveniente en su caso. La familia Rivera Carías, sin embargo, conocía perfectamente cuál era su orientación sexual. Y no solo ellos: muchos de sus conocidos y vecinos también lo sabían, aunque nadie lo mencionaba abiertamente. Había una especie de pacto de silencio y temor que le permitía a Edgardo evadir muchos de los problemas que tienen quienes deciden mostrarse tal como son demasiado abiertamente.  

Durante la mañana de ese día, los Rivera Carías hicieron las cosas normales que hace cualquier familia: desayunaron, platicaron, Helen preparó comida y las actividades del día en la escuela, los demás sobrinos jugaron con la hija de Helen, Edgardo envió y recibió mensajes, trabajó un poco y descansó un poco más.

A la hora del almuerzo, las cosas siguieron su curso normal.

Si estaban ocurriendo cosas malas, era en un sitio lejos de la colonia 10 de Septiembre.

Después del mediodía, cuando hacían la digestión y seguían concentrados en sus asuntos, les dieron la noticia.

¿Cómo? ¿Celma, raptada? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Cuando raptan a alguien en cualquier lugar del mundo, lo primero que se siente es incredulidad: ¿Será cierto? La alarma tarda un poco en propagarse y eso fue más o menos lo que les pasó a los Rivera Carías. Se vieron uno a otro, como buscando en sus rostros y ojos una explicación. No hallaron nada: exactamente lo mismo que hallarían al preguntarles a los policías, poco después.

Cuando el pánico ocupó el lugar de la duda, Edgardo y Helen, acompañados por Delmi, se pusieron en movimiento, sin saber qué hacer exactamente. Ir a poner la denuncia en la posta policial de Chamelecón parecía ser el primer paso lógico.

Pero ¿ir a la policía?

No cualquiera se atreve a denunciar delitos en Honduras y, si se atreve, lo hace con la duda de que alguien tratará de solucionar el problema. Denunciar un delito en Honduras es, señala un informe de la Unah publicado en 2016, “un tema pendiente”: solo tres de cada 10 víctimas de un delito lo denuncian. La mayoría de quienes no ponen denuncias lo hacen, según el reporte, porque no creen que las autoridades son eficaces; es menor la cantidad de personas que no ponen denuncias por miedo a represalias.

Pregúntenle a cualquier sampedrano si quiere ir a buscar a la policía para que le resuelvan algo y, en muchos casos, seguramente les dirá que prefiere no hacerlo, que le van a dar evasivas, que los policías están asociados con delincuentes, que nadie averiguará nada. Y, aunque piensan de ese modo, algunos sí denuncian los delitos en las postas en Chamelecón y en muchos otros sectores de San Pedro Sula. Como dice la gente de acá: no les queda de otra.

Y eso fue lo que hicieron los Rivera Carías. Fueron a la posta de Chamelecón a denunciar el secuestro de Celma. Llamaron a gente que vio el rapto y en la posta dieron datos, descripciones, se quejaron y rogaron, y los agentes prometieron movilizarse para buscar a Celma.

A lo mejor, pensaron sus hermanos, los secuestradores la habían llevado a algún sitio, quizá incluso dentro del propio Chamelecón, para mantenerla cautiva, esperando quién sabe qué. ¿Acaso para pedir un rescate? Era una idea extraña. Los Rivera Carías no eran gente de dinero. La idea era horrible, pero, al menos, les daba el consuelo de saber que Celma tal vez seguía viva.

Siguieron preguntando, llamando gente, amigos, conocidos. Llamaron, incluso, a una abogada especializada en casos de diversidad sexual, pero ella estaba de luto por la muerte de un pariente cercano suyo y, de todos modos, era obligatorio esperar 24 horas después de la desaparición para ordenar que actuaran las autoridades.

Después del pánico llegó la angustia. Fueron horas de retorcerse las manos, agarrarse la cabeza, jalarse el pelo. Las mujeres de la casa lloraron.

Ya era de noche.

A los hermanos Rivera Carías los mataron antes de que pudieran resignarse. Después de la angustia, cuando todo parece perdido, la gente suele resignarse, pero a ellos no les dieron tiempo.

Esa noche de lunes, solo los niños, que no entendían lo que estaba pasando, pudieron dormir. Delmi, Edgardo y Carmen estaban en la sala que también servía como aula, esperando algo, lo que fuera.

Pero llegó lo que menos esperaban.

A las doce y pico del día siguiente, primero de octubre, uno de los sobrevivientes, escondido en el clóset de uno de los cuartos de la escuela Mi Segundo Hogar, hizo una llamada telefónica: “¡Están haciendo tiros!”, susurró con la garganta hecha un nudo. Hizo una pausa y agregó: “¡Los están matando a todos!”.

A los tres hermanos Rivera Carías, a Carmen y a Daniela los mataron por dos errores. El primero fue denunciar el rapto en la posta policial de Chamelecón. El otro fue peor que el primero: Delmi Rosaura fue a cierta hora de la tarde del lunes a una casa ocupada por miembros de la temida pandilla 18 y les reclamó por el rapto de Celma. Delmi era una mujer explosiva y ese día no pudo con la mezcla de indignación, incertidumbre y miedo que la hacía temblar. Las cosas no podían quedarse así, pensó ella. Lo malo fue que lo mismo, exactamente, pensaron sus enemigos.

"Tierra de bendición": una calle del distrito de
Chamelecón, en San Pedro Sula.

Lo que hizo Delmi desencadenó la tragedia que causó la muerte de cinco personas y alteró el curso de la vida de los sobrevivientes.

Entre la una y las dos de la madrugada del día siguiente, martes primero de octubre, el calor, como casi siempre en San Pedro Sula, comenzaba apenas a reducirse cuando tres hombres jóvenes atravesaron el portón abierto de la escuela, apagaron las luces del porche que también servía de aula y le dijeron a Edgardo, Carmen y Delmi que los perseguía la policía. Quién para imaginarse que los tipos iban armados con pistolas y que en la calle y en las esquinas cercanas había otros hombres vigilando en espera de cualquier motivo de alerta para dar la señal a los de dentro.

Entraron en tromba y sacaron las pistolas. Edgardo estaba descalzo y llevaba puestos jeans y una camiseta oscura. Los tipos lo sacaron al porche a tirones y lo apoyaron contra el marco de la puerta y le perforaron la sien de un balazo. Edgardo se deslizó contra el marco y cayó al suelo de costado. Sobre el dintel de la entrada todavía estaba pegado el rótulo Feliz Día del Padre en letras brillantes, rodeado de flores y tallos de papel de colores.

Después, el turno mortal fue de Delmi, que había visto, en la peor de sus pesadillas, cómo acababan con la vida de su hermano. “Ah, también venimos por vos”, dijo uno de los asesinos. La golpearon con las cachas de las pistolas y, cuando hubo caído al suelo, le dispararon al menos diez veces hasta matarla.

Uno de los jóvenes le puso la pistola en la cabeza al hijo autista de Delmi y se preparaba para apretar el gatillo cuando otro le ordenó detenerse. “A ese no”, dijo.

La siguiente fue Carmen Valdivieso. Carmen estaba sentada en el suelo, petrificada por el terror. “También venimos por vos”, le dijo uno de los asesinos. Se acercó a ella, le puso el cañón de la pistola cerca del ojo (“acá te voy a dar”) y apretó el gatillo. Los ojos de Carmen se le salieron de las órbitas. Se derrumbó al suelo de losas claras, ya sin vida.

A los hombres no les costó dar con más víctimas. Atravesaron la sala y en un cuarto al fondo hallaron a Helen y a su hija, que en ese momento aún dormía a pesar de los tiros. “Dios mío, sálvanos”, pidió Helen. Su asesino no dijo nada mientras la mataba a balazos. El ruido, esta vez, sí despertó a la niña. Nunca supo qué estaba sucediendo. Un tiro a quemarropa en la cabeza se lo impidió.

Días después de la masacre, la policía de investigación sampedrana arrestó a ocho supuestos implicados.

Los sobrevivientes de la matanza huyeron a Estados Unidos.

La escuela quedó abandonada y está cada vez más deteriorada.

Tres días después de la masacre, el 4 de octubre, hallaron el cadáver de Celma en las cañeras de la colonia Ebenezer, cerca del estadio Olímpico. La habían torturado y decapitado.

En enero de este año comenzará el juicio oral y público contra Héctor José Díaz Escobar, miembro de la pandilla 18 y uno de los vinculados con la masacre en Mi Segundo Hogar. 

La masacre en la escuela y la muerte de Celma no han podido ser enlazadas por la Fiscalía.

Han pasado cinco años desde la muerte de Celma. Su asesinato continúa impune.

Muertes violentas de gays en Honduras, 1994-2017

Honduras: la historia jamás contada sobre el asesinato de Walter Tróchez

En la segunda entrega de la serie periodística sobre la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras presentamos el caso de German Mendoza, quien estuvo casi dos años preso por un asesinato que no cometió

German Mendoza en su casa en San Pedro Sula, trabajando
por los derechos de personas LGBTI y encarceladas.

La impunidad es un monstruo hambriento que a veces no queda satisfecho destruyendo a una sola persona y busca saciarse desbaratando varias vidas al mismo tiempo.
    Eso fue lo que les hizo a Walter Orlando Tróchez y German Mendoza al dejar sin castigo a los verdaderos asesinos de Walter y desviar la culpa de su crimen hacia su amigo German.Los dos se conocieron entre 2004 y 2005, cuando Indyra Mendoza, coordinadora de la organización lésbica Cattrachas, los presentó. De inmediato nació la simpatía mutua: los unía su deseo de trabajar en favor de los derechos humanos y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad hondureña. Sentían igual pasión por ayudar a los enfermos, los pobres y los rechazados.

Antes de que sus vidas coincidieran, Walter ya tenía años de trabajar para instituciones dedicadas a la protección de personas con VIH, ya que él era VIH positivo. Era un sobreviviente. Nacido en Choluteca en 1982 y criado en Tela, perdió a su madre cuando ella lo dio a luz. Su padre se fue a Estados Unidos y su abuela fue quien se hizo cargo de su crianza. Walter se infectó de VIH en su adolescencia y llegó a Tegucigalpa en busca de ayuda para mejorar su estado de salud. Trabajadores de varias asociaciones de auxilio como la Asociación Para Una Vida Mejor (Apuvimeh) que le ayudaron a encontrar tratamiento y, con el paso del tiempo, su salud mejoró.  Walter estaba agradecido con quienes lo ayudaron y conmovido por la situación de quienes se encontraban en su misma condición. Así fue como decidió convertirse en activista y laborar para la Asociación de Personas Viviendo con VIH-sida en Honduras (Asonapvsidah).

La vida de German, nacido el 28 de junio de 1982, era diferente a la de Walter. German tenía cuatro hermanos y su mamá había hecho de madre y padre para criarlos con lo mejor dentro de sus posibilidades.

La amistad entre ambos se fortaleció con el trabajo conjunto por las personas desfavorecidas. En una de las muchas ocasiones en que se dedicaron al trabajo social que tanto los absorbía, Walter, que trabajaba para Apuvimeh, y German se unieron durante un año, de 2007 a 2008, para conseguir e instalar ventiladores y tela metálica en las ventanas en el pabellón de enfermos de VIH del Hospital del Tórax, cuidar y bañar a los pacientes, conseguirles comida y juegos, pagar los entierros de los que iban muriendo.

Al final de ese año de trabajo social, German tuvo uno de sus primeros problemas con las autoridades hondureñas cuando un grupo de policías ejercieron sobre él violencia sexual. El mismo trato le dieron a la persona que iba con él esa noche por una calle de Tegucigalpa. German denunció el hecho, pero la fiscalía no le hizo caso. En vez de justicia, recibió indiferencia. La policía comenzó a hostigarlo y las llamadas telefónicas para amenazarlo se multiplicaron. Las amenazas se convirtieron en atentados cuando tirotearon el edificio de la funeraria donde, por esos días, German estaba trabajando.

Igual que a tantos otros hondureños perseguidos por la delincuencia, uniformada o no, a German no le quedó más camino que el del autoexilio. En 2008 hizo el viaje a Estados Unidos, pero se quedó a medio camino: en México.

Mientras tanto, Walter, preocupado desde muy joven por las personas a quienes la injusticia del sistema se lleva de encuentro, estaba trabajando más que nunca como activista en favor de los derechos humanos. Su trabajo en veeduría social era importantísimo para él. Planeaba crear su organización para asegurarse de que se estaban usando limpiamente los fondos destinados a instituciones en pro de la comunidad LGBTI. Su trabajo despertaba tanto la admiración de quienes lo apoyaban y resultaban beneficiados como el rechazo de los que preferían manejar los recursos a su manera.

En México, después de dos primeras semanas problemáticas, German comenzó a encontrar empleo. No andaba con remilgos y agarraba lo que le saliera. Desde mediados de 2008, cuando llegó a San Luis Potosí, hasta entrado 2009, trabajó de chalán, acarreando masa y tortillas en una tortillería, pintó apartamentos, hizo de albañil y cocinero. En Honduras había aprendido a cocinar siguiendo las indicaciones de las recetas que encontraba en libros y revistas, perfeccionándolas, agregándoles un giro personal. Durante unos meses trabajó en un restaurante en México, pero el dueño del local no le pagó tres meses. En San Luis Potosí pudo, por primera vez en su vida, hacer lo que en Honduras jamás había podido hacer: tomarse de la mano y besarse con otro hombre en público.

En junio de 2009 ocurrió un suceso que alteró las vidas de los dos amigos.

El destino es muchas veces cruel. Separó durante años a German y Walter y, cuando volvió a unir de algún modo sus vidas, lo hizo para destruirlas.

El 28 de junio de 2009, el golpe de Estado en Honduras que sacó del poder a Manuel Zelaya Rosales para sustituirlo por el gobernante de facto Roberto Micheletti le dio un giro a la existencia de Walter Tróchez. Siempre se había dedicado a luchar por sus compatriotas desde su trabajo como promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI y de los personas con VIH, pero los hechos de junio de ese año y la situación política hondureña lo hicieron tomar decisiones que fueron, tal vez, las que acabaron con su asesinato.

Durante los primeros cinco meses que duró el golpe, Walter duplicó sus esfuerzos por ayudar a personas LGBTI arrestadas por las autoridades del nuevo régimen, víctimas a las que capturaban en Tegucigalpa y aparecían encarceladas lejos de la capital, en Olancho o Danlí. Comenzó a publicar escritos en redes sociales fustigando al gobierno golpista que fueron recogidos en forma de libro digital a finales de 2009.

El primer atentado grave contra Walter ocurrió en julio de 2009, cuando participaba en una protesta frente al Congreso Nacional en Tegucigalpa. Lo arrestaron, lo interrogaron en busca de nombres de integrantes de la resistencia y le dieron una golpiza hasta quebrarle la clavícula. El segundo intento de callarlo fue el 4 de diciembre de ese año. Varios hombres con la cabeza cubierta lo interceptaron, pero Walter se las ingenió para huir. Para dejar constancia del ataque, Walter se tomó fotografías en las que se le ve cubierto de hematomas, con la camiseta ensangrentada.

De la tercera no logró escapar. El domingo 13 de diciembre de 2009, alrededor de las 11:00 pm, lo mataron de un tiro en el barrio El Centro de Tegucigalpa.

La madre de German había llegado el 4 de diciembre de 2009 a San Luis Potosí y, al día siguiente, ella celebró su cumpleaños. Ocho días después, estando con su mamá en México, German recibió la noticia del asesinato de Walter y de inmediato envió correos preguntando por la muerte de su amigo y por la situación de los grupos LGBTI en Honduras. La situación era caótica: al nomás morir Walter se duplicaron el hostigamiento y la vigilancia contra las instituciones de apoyo a personas LGBTI. 

A todo eso, en Honduras, las investigaciones sobre la muerte de Walter se topaban con callejones sin salida y puntos muertos. Nadie daba datos claros sobre el asesinato del joven activista de 27 años. A pesar de que Walter era un miembro destacado del movimiento de la diversidad en resistencia, desde el propio día del crimen, su caso iba camino de caer en el profundo pozo de la impunidad en que se encontraban las más de 30 muertes de personas LGBTI -incluida la de Walter- perpetradas entre 2008 y 2009. En 2008 habían muerto cinco y para diciembre de 2009 se habían sextuplicado las víctimas de asesinato pertenecientes a los grupos de la diversidad sexual.

A las 10:30 pm de ese domingo, Indyra Mendoza recibió una llamada avisándole sobre el asesinato de Walter. A su vez, ella telefoneó a varias organizaciones que trabajan por los derechos humanos, pero nadie le contestó y quienes sí le contestaron dijeron que no pensaban salir de sus casas. Todos estaban de rodillas, dice Indyra.

Los testigos contaban distintas versiones sobre el crimen del 13 de diciembre de 2009. Según uno de esos testimonios, Walter entró entre 7:00 y 8:00 pm en el supermercado La Colonia del barrio La Hoya con un hombre aún no identificado, quien podría ser uno de sus asesinos; según otros testigos, poco antes de su muerte vieron a Walter con tres policías y un hombre desconocido. Las autoridades supuestamente reaccionaron con completa indiferencia al caso de Walter. Se asegura que llamaron a los investigadores para verificar la escena del crimen, pero retardaron las pesquisas a propósito.

Las organizaciones de derechos humanos y LGBTI no cejan
en su empeño de esclarecer el crimen de Walter Tróchez.

El asesinato de Walter seguía impune a finales de 2010, cuando German regresó brevemente a Honduras porque seguía viviendo como indocumentado en tierra mexicana y al tramitar un salvoconducto en San Luis Potosí, donde no había consulado hondureño, le concedieron dos semanas para irse de México. Pagó una multa de 1,100 pesos y volvió a Honduras. Entró sin problemas a San Pedro Sula y tramitó su visa. El 20 de octubre de 2010 regresó a México y tiempo después se convirtió en residente. Llegó a vivir cinco años en México, tenía pareja y vivía lejos del peligro de las calles hondureñas.

A comienzos de 2013 cometió uno de los peores errores de su vida: regresó a Honduras.

¿Arrestado por matar a Walter Tróchez? German no podía creer lo que le estaba sucediendo.

Las autoridades lo capturaron cuando salía del City Mall, en San Pedro Sula, el 4 de abril de 2013. Le mostraron la orden de captura, pero aquello le parecía absurdo. ¿Cómo iba a cometer un asesinato en Honduras el 13 de diciembre de 2009 si en esa fecha estaba en México? Lo primero que hizo fue llamar a su mamá para avisarle.

German y su mamá en su casa.

En el camino, los policías recibieron un aviso: “Mejor tráiganlo a la base. Los medios están preguntando por él”. German ató cabos: sospechó que el plan original no era llevarlo a la base, sino hacerlo desaparecer a medio camino entre el City Mall y las instalaciones policiales. El hermano de German era el motivo de que los policías cambiaran de idea repentinamente. Su mamá se había puesto en contacto con él después de la llamada de German y el hermano, quien es periodista, puso de inmediato en movimiento sus contactos con varios medios de comunicación para describir la situación peligrosa en la que German se encontraba.

La llamada de German le salvó la vida. Al menos momentáneamente porque, al nomás llegar a la base, los agentes empezaron a golpearlo. La golpiza fue tan fuerte que le dañaron la mácula del ojo y convirtieron a German en daltónico. Después del castigo, alguien se acercó a él para confirmarle que el plan era matarlo.

German nunca lo hubiera creído: la cárcel, al parecer, era el único sitio seguro para él.

German Mendoza pasó casi dos años encarcelado por un crimen que no cometió.

La persona que dio el testimonio decisivo en contra suya recibió a cambio la oportunidad de exiliarse en Europa. Ese testigo protegido había aportado dos retratos hablados que, cuenta German, no tenían ningún parecido con él. Según la organización Cattrachas, lo que sucedió es que se robaron el retrato hablado original y lo sustituyeron por uno que era exactamente igual a él.

La primera semana después de su arresto, German contactó a Cattrachas para que le ayudaran a aclarar su situación. Le pidió a Indyra que revelara los correos que él había mandado desde México, en los que preguntaba por Walter y por la situación de los grupos LGBTI en Honduras.

Aunque varios grupos y personas vinculadas con su caso, incluyendo investigadores estadounidenses, insinuaron, según cuenta German, su inocencia, seguía corriendo peligro de que lo mataran. La fiscal desestimó todos los alegatos a favor de él y, supuestamente para protegerle la vida, la jueza lo envió desde los separos del juzgado, donde permaneció siete días, a la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, Francisco Morazán, con una carta en la que le pedía al director de la penitenciaría que resguardara la vida del privado de libertad.

Durante 10 días de los más de 15 meses que permaneció en Támara, German estuvo en máxima seguridad, encerrado en una minúscula celda de dos metros por dos metros, gritando sin que nadie lo escuchara, peleándose con los ratones la comida que le tiraban en una bolsa de plástico. Estando en la prisión sufrió abuso sexual y torturas; según su testimonio, las golpizas de los policías le dañaron permanentemente el hombro y la rodilla. La dieta de frijoles y arroz mal cocinados lo hizo perder el sentido del gusto: habría podido comerse una libra de sal sin sentir nada. Para visitarlo en la cárcel, su madre tenía que viajar desde un día antes y hacer fila hasta las 10:00 am. Si no lograba entrar a esa hora, no le quedaba más remedio que esperar hasta las 2:00 pm y solo podía verlo media hora porque las visitas se terminaban a las 3:00.

Para salvarle la vida, la jueza decidió trasladarlo al penal de El Progreso, en el norte de Honduras, pero el traslado se atrasó varios días. El hermano de German pagó 3,000 lempiras para que, al final, pudieran llevarlo. El día del traslado, German, esposado y tirado en la paila de la patrulla policial, salió de Támara a las 10:00 am. Cuenta que los custodios se detuvieron a medio camino, en el Lago de Yojoa, le robaron 1,900 lempiras que andaba en la bolsa y con ese dinero comieron pescado frito mientras él esperaba asoleándose en la paila del carro.

En El Progreso, su situación mejoró. Al llegar barbudo y peludo al penal, un recluso le ofreció recortarle la barba y el pelo. Aunque los seis meses que estuvo en el reclusorio progreseño era un nudo de nervios y pegaba saltos cada vez que alguien se le acercaba, poco a poco se fue ganando el respeto de los privados de libertad, se dedicó a alfabetizarlos, organizó y manejó la biblioteca de la prisión. Consiguió una donación de 750 libros y la Secretaría de Educación lo nombró maestro del año. Sus alumnos de sexto, noveno y décimo grados obtuvieron excelencia académica y altas calificaciones en caligrafía, inglés, español y matématicas. German no solo mejoró la educación de los reclusos, también se involucró en las actividades sociales y organizó las celebraciones para los niños, madres y padres del penal. ”Si me toca vestirme de payaso, lo hago”, dice German, “de todos modos, la cara de payaso ya la tengo”.

En el penal, German aprendió a respetar a los reclusos, a preocuparse por su bienestar. Antes de sus dos años en prisión, pocas veces había pensado en ellos y, si los recordaba, era porque los noticieros mencionaban sus peleas y fugas. Todo eso cambió: ahí dentro, cuenta German, le tocó curar enfermos y heridos. “Los costuraba con cáñamo”, relata, “porque los doctores los devolvían sin suturarlos”.  Estando encarcelado ayudó a una transexual condenada a alcanzar su libertad bajo palabra con ayuda de Cattrachas.

El martirio de German terminó en 2015.

Cattrachas apoyó desde el principio al defensor público, pero este abandonó el caso. Después le asignaron a otra defensora y jamás tuvo comunicación con German ni la organización. A dos meses de celebrarse el juicio oral y público se contrató al defensor privado Erasmo Jiménez. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó dos testigos protegidos y por la defensa llegó un amigo de German que le ofreció posada en la casa de su familia en México. También declaró su madre.

      El 23 de marzo, la jueza reclamó por la tardanza en resolver el caso y dos días después le dio la libertad condicional a German.

     A dos días del fallo, defensores de la comunidad LGBTI pidieron anular la decisión de la jueza. El Ministerio Público presentó, el 7 de diciembre de 2015, un recurso de casación para anular el juicio. Exactamente desde hace un año, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró no ha lugar el recurso de casación presentado por la fiscalía, lo que significa que dejan la sentencia de libertad firme.

El asesinato de Walter Tróchez sigue impune.

Las autoridades trataron al principio de hacer pasar su muerte por un crimen pasional, pero la teoría se les vino abajo.

El investigador Javier Acevedo dice que, hasta donde él sabe, no ha habido investigación para encontrar a los responsables del crimen de Walter porque entre ellos se incluye a quienes atentaron contra él una semana antes y a quienes lo perseguían.

Hay tantos casos y tan pocos investigadores, agrega Acevedo, que no se llega a solucionar el 10% de los crímenes. De 100 casos que llegan al Ministerio Público, menos de 10 se investigan y se castiga a un culpable.

Walter está enterrado en el cementerio Amor Eterno de Tegucigalpa. A ocho años de su muerte, su crimen sigue sin resolverse.    

Violencia contra personas LGBTI en Honduras

Las 280 muertes de la transexual hondureña Vicky Hernández

Como el asesinato de Vicky Hernández, 78% de los casos de crímenes contra la comunidad LGBTI en el territorio hondureño siguen impunes.

Honduras: las 280 muertes de la transexual Vicky Hernández

En Honduras, cuando eres una persona LGBTI, el riesgo de que mueras es uno de los más altos del mundo 

Si eres LGBTI y te asesinan, es posible que tu crimen nunca se esclarezca por la elevada impunidad que existe en el país 

El 78% de los casos LGBTI en el territorio hondureño siguen impunes. Solo el 22% ha sido judicializado y, de estos, no todos han obtenido sentencias condenatorias 

Vicky Hernández Castillo, llamada al nacer
Johnny Hernández (1983-2009).

Su asesinato fue horroroso e irracional, cometido con una aversión que cuesta describir. 

Era la noche del 28 de junio de 2009, fecha del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, y Vicky Hernández Castillo —llamada al nacer Johnny Emilson Hernández— salió a la calle a ejercer el comercio sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti. 

Vicky, sampedrana, 26 años, tenía enemigos que acechaban en las sombras. La vida de las trabajadoras del sexo está en peligro constante, pero el riesgo se multiplica cuando se trata de una persona transexual. 

Con su asesinato comenzó una seguidilla de 279 muertes violentas desde 2009 hasta diciembre de 2017, según el Observatorio de Muertes Violentas de las Personas LGBTI de la asociación lésbica Cattrachas. 

En ocho años, sólo 60 casos se judicializaron y menos de la mitad de ellos tienen sentencia condenatoria. Todo lo demás está impune. 

Desde 2008 a la fecha se judicializaron 41 casos y se lograron 22 sentencias condenatorias, indica el Ministerio Público en un documento oficial. 

En otros documentos públicos, el Poder Judicial señala que se han otorgado sentencias condenatorias a 24 personas y se han dado sentencias absolutorias a seis. 

Imposible saber cuántas veces Vicky se las arregló para escapar de la muerte: su existencia era, quizá, una ruleta rusa. Pero el 28 de junio se le acabó la suerte. Al día siguiente, la encontraron sin vida entre los barrios Santa Anita y Concepción, a una cuadra del antiguo local de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral. 

El asesinato de Vicky es importante por varias razones: ocurrió en un ambiente político tempestuoso, la víctima era transexual, lo cometieron con ensañamiento, fue una ejecución extrajudicial y permanece impune. 

Los prejuicios en su caso rozan lo descabellado. Las autoridades forenses se negaron a practicarle la autopsia a Vicky “con la excusa de que era VIH positiva” y “no quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, según una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organizaciones hondureñas y extranjeras como Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights. 

Las autoridades hondureñas argumentaron después que sí le habían hecho la autopsia a Vicky, pero nunca se encontraron registros oficiales del procedimiento forense. Lo que sí se sabe es que murió de varios balazos. 

El crimen sin resolver de Vicky es uno de miles de ejemplos de cómo la impunidad se ha vuelto un cáncer del sistema investigativo y judicial en Honduras que perjudica particularmente la forma de aplicar justicia en los casos LGBTI. “Usted no tiene idea de lo que es la impunidad. La impunidad no solo es que no investiguen, sino que, cuando investigan, investigan con prejuicios, homofobia o lesbofobia”, dice al respecto Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas. Mientras tanto, la justicia hondureña no ha capturado y mucho menos judicializado a los asesinos de Vicky. El Estado hondureño “es responsable por el retardo injustificado en la investigación del asesinato de Vicky”, asegura la petición presentada a la CIDH en 2012 y alega además que hay “discriminación en el acceso a la justicia” debido a la identidad de género de la víctima. 



Entendiendo la impunidad 

La impunidad es mayor en los asesinatos de personas
LGBTI porque no son prioridad para el Estado.

Para entender mejor el caso de Vicky, debemos ahondar en el significado de la palabra “impunidad”. 
La impunidad y la corrupción son fenómenos que están directamente relacionados, al grado de que muchos creen que son un solo fenómeno, señala Leticia Salomón, reconocida investigadora hondureña. 
Hay tanta impunidad que la ciudadanía deja de denunciar los delitos porque sabe que jamás los resolverán, agrega Salomón, lo que dice mucho de la dimensión del fenómeno delincuencial y de la debilidad institucional de policías, fiscales y jueces para capturar a los implicados y aplicar sanciones. 
Aunque una persona LGBTI puede ser víctima de la delincuencia común, en gran cantidad de casos puede ser que la violación de los derechos humanos se haga pasar por un acto delictivo común. 
“La impunidad se acentúa en los asesinatos de personas LGBTI porque no son prioridad para el Estado, el Gobierno y las instituciones, ya que no tienen apellidos de las familias de mayor poder político y económico de Honduras y porque falta mayor demanda social de que a estos casos se les haga justicia”, opina Luis Velásquez, sociólogo del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. 
Vicky era, como muchas de las víctimas LGBTI, de orígenes humildes: procedía de los barrios más desfavorecidos de San Pedro Sula y trabajaba para sostener a su familia, en especial a su sobrinita. Vivía con su madre y su hermana y siempre fue una luchadora incansable. Después de su muerte fue velada en la organización Colectivo Color Rosa. 
Un factor importantísimo que permite entender cómo se diferencia el crimen común del crimen LGBTI, como en el caso de Vicky, es según el sociólogo Luis Velásquez que, “al ser catalogados como una población que ‘vale menos’, no hay una demanda generalizada, por lo que los casos de homicidios producto de crímenes de odio no se resuelven”. 
El análisis de Velásquez aporta dos visiones del crimen contra la población LGBTI: primero, la mayoría de las víctimas son de escasos ingresos; segundo, son personas que sufren prejuicios y rechazo constante por su identidad de género, en el caso de personas transexuales, y por su orientación sexual, en el de gays, bisexuales y lesbianas. 
La pobreza y las preferencias sexuales fuera de la norma social aceptada son dos factores decisivos para explicar por qué, en los últimos ocho años, la cantidad de muertes violentas LGBTI se ha disparado a alturas inconcebibles. 
La sociedad hondureña es patriarcal, lo que influye en el desprecio con que algunos sectores sociales ven a las personas LGBTI. En un entorno patriarcal, el repudio a estos grupos crea un ambiente ideal para multiplicar los crímenes contra este grupo poblacional. 



Política y crimen 
En los últimos ocho años, la violencia contra las personas LGBTI parece haberse vuelto más clasista y, consecuentemente, política. Casi todas las víctimas pertenecientes a estos grupos son pobres y por eso no reciben el buen trato que se da a las clases altas hondureñas. Como no tienen dinero, es más fácil matarlas con la seguridad de que nadie se encargará de castigar a los hechores. 
Los sectores se enfrentaron en 2009, explica Erick Martínez, defensor del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), al referirse a la creciente participación política de los grupos LGBTI debido a la violencia estatal y delictiva. “Una manifestación del golpe de Estado fueron las personas de la comunidad LGTBI protestando. Eso causó visibilidad”. 
Durante el régimen michelettista, el pueblo empezó a enterarse de la existencia de los grupos LGBTI. Se abrieron “brechas para que los grupos del crimen organizado, pandillas y otros controlados por grupos de poder empezaran a hacer asesinatos selectivos porque la comunidad en aquel momento se empoderó y visibilizó”, indica Martínez. A mayor visibilidad, más peligro e impunidad. 
“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape”, dice Ramón Barrios, abogado y catedrático universitario, y ahonda en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras: “Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%. ¿Por qué se da? En general, por la deficiente investigación en Honduras. El crimen ha desplazado a la capacidad investigativa. Además hay un sesgo. Los mismos órganos de investigación y el Estado ven a la comunidad LGBTI como una cuestión de ‘los mataron, se mueren porque se lo merecen en función de en qué andan’. Hay un prejuicio hasta religioso al decir ‘se lo merecen’, al decir que no siguen los dictados tradicionales de Dios”. 
Estas ideas de Barrios coinciden con lo que apunta el sociólogo Luis Velásquez: el rechazo a las preferencias sexuales fuera de la norma es una de las causas principales de los crímenes LGBTI. 
El rechazo se convierte en odio. Se dice que tendemos a rechazar lo que no entendemos. Esa es una de las raíces de los prejuicios, en especial de los peligrosos prejuicios contra la comunidad LGBTI. Una frase del investigador Javier Acevedo resume esta actitud: “Están en esa categoría de indeseables. Son ciudadanos de tercera clase”. 



Matar por odio 

El asesinato de la transexual Vicky Hernández
sigue esperando justicia.

Mientras la familia de Vicky está esperando justicia, una de sus sobrinas, quien es transexual y trabajadora comercial del sexo, nos dice que la recuerda muy poco y, aunque sabe las circunstancias en que murió, dice que siente miedo, pero eso no le impide salir adelante. “A veces, los clientes no quieren pagar lo que uno vale”, se queja. 
Una de las denuncias de los grupos organizados LGBTI en Honduras es que la Iglesia fomenta con su discurso de odio el rechazo a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. 
“La Confraternidad Evangélica en Honduras se ha encargado de incitar al odio, discriminación y rechazo contra nosotras”, expresa Rihanna Ferrera, activista transexual y directora ejecutiva de la Asociación Cozumel Trans. 
Otras instituciones se han sumado al repudio y la indiferencia. Ferrera opina que, para el Poder Judicial y el Congreso Nacional, los crímenes contra la comunidad no son de interés para el país. “No hay voluntad política. La impunidad y la corrupción se ligan. Cuando asesinan a una persona LGBTI, no hay investigación y, si hay, es contra el asesinado y no contra el hechor del crimen”. 
En los últimos ocho años, aproximadamente 250 personas LGBTI han huido a otros países por la inseguridad, según Ferrera. 
“Vivimos en un Estado patriarcal hacia las mujeres transexuales y lesbianas. En la mayoría de los casos, las mujeres transexuales son asesinadas con arma de fuego y eso hace la investigación más difícil y, en el caso de los gays, con arma blanca. Es más fácil identificar al autor del crimen del gay porque no lo matan en las calles, lo matan en un hotel, en su casa, etcétera. Y a una transexual, en la calle y en horarios cuando ejerce el comercio sexual”. 
Rihanna ha sido testigo de los resultados nefastos del rencor injustificado contra su comunidad. En 2010, Débora Kurkova, una transexual trabajadora del sexo, fue asesinada en una gasolinera cerca del hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa, relata Ferrera. 
Esa noche, Débora se acercó a una camioneta en la que iba un grupo de borrachos. Los hombres le dijeron algo, ella los insultó y, cuando se alejaba, le dispararon. “Me ahogo”, se quejó. Le pidieron ayuda a una patrulla, pero el policía se negó a llevarla. “A una persona de ustedes no la puedo montar”, dijo. “A saber qué enfermedades tiene”. 
“Débora murió en la calle”, cuenta Rihanna. “Hasta la fecha, su crimen no ha sido resuelto”. 
“La impunidad queda dentro de las personas trans porque son ejecutadas en las calles; la impunidad queda con las mujeres lesbianas a las que matan de 2, 3 y 4. Somos masacradas y no encuentran una relación de por qué eran lesbianas; siempre las meten allí como cualquier mujer”, indica Indyra Mendoza. 
La tasa más alta de homicidios entre mujeres transgénero de todo el hemisferio pertenece a Honduras: 9.68 asesinatos por cada millón de habitantes, según la ONG Transgender Europe. 
Más del 92% de los crímenes de odio quedan impunes debido a un marco legal discriminatorio, señala el informe de 2012 del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras. 
Sin embargo, la Iglesia también tiene su punto de vista respecto a la violencia contra las personas LGBTI. “Yo no podría pensar que, en lo que ocurre en términos de crímenes de odio, todo está vinculado con eso. Lamentablemente han querido atribuirle al discurso de la Iglesia lo que pasa, lo que experimenta, pero no necesariamente es eso”, alega el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional de Honduras. 
Solórzano no cree que todos estos crímenes sean de odio; opina que se deben, en ocasiones, a “situaciones que ellos viven”. Está seguro de que los asesinatos LGBTI no son causados por al discurso religioso: los pastores, agrega, no le dicen a nadie “mate a una persona homosexual”. Solórzano le da vuelta al razonamiento de los grupos LGBTI y muestra a la Iglesia como una especie de víctima. Desde su punto de vista, ellos ven a la Iglesia “como un estorbo, un enemigo”, y la culpan de “todos sus padecimientos, todos sus males”. 



Buscando soluciones 
Ha habido intentos institucionales de luchar contra la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras. Algunas de esas tentativas son promovidas desde el extranjero. 
En el 2010, el Examen Periódico Universal hizo 129 recomendaciones al Estado hondureño, entre ellas, la creación de la unidad especializada para investigar las muertes violentas de personas LGBTI y realizar una reforma en el Artículo 321 del Código Penal de Honduras que garantizara la protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. En la actual modificación a este código, lo quitaron. 
En 2011, el expresidente Barack Obama hizo un llamado al Gobierno de Honduras para “investigar estos asesinatos y hacer responsables a los perpetradores”. La embajada de EUA en Honduras trabajó de cerca con el Gobierno -en ese entonces, la administración del expresidente Porfirio Lobo- para establecer una unidad de víctimas especiales que investigara y llevara a juicio los crímenes de odio contra las personas LGBTI. Las autoridades estadounidenses consiguieron que un fiscal y un detective experto viajaran a Honduras para ayudar a establecer la unidad en el Ministerio Público. 
El Gobierno de Obama trajo expertos para investigar las muertes contra la población LGBTI. Capacitó a hondureños, fiscales, policías de investigación y estuvo funcionando más o menos bien en Tegucigalpa. 
Se creó la mesa de acceso a la justicia LGBTI y después trasladaron la Unidad de Crímenes de Alto Impacto y la mesa a San Pedro Sula. En la zona norte funcionó muchísimo mejor que en Tegucigalpa por el trabajo de la exfiscal Norma Sobeida Narváez, quien fue separada de la institución en 2014. 
La mayor parte de los requerimientos fiscales y casos judicializados de todo Honduras eran de San Pedro Sula. “Ella [Narváez] fue la diferencia; la echaron y se acabó. Por eso hay un montón de casos judicializados”, dice Indyra Mendoza. 
La mayor prioridad de la Unidad de Muertes de Alto Impacto eran las muertes LGBTI y de funcionarios públicos, fiscales o jueces, relata la exfiscal Narváez. 
“Costó que se adaptaran los agentes porque nuestra sociedad es totalmente machista”, dice Narváez. “La comunidad sentía recelo, pero vieron que los agentes no los discriminaban ni maltrataban, no los agredían como otros policías y los trataban con respeto. Entonces se abrieron y les dieron acceso”. 
Narváez y sus cinco agentes recibieron capacitación en El Salvador y ella en Roswell, Estados Unidos. No se hacían algunas investigaciones porque faltaban recursos y la embajada apoyaba con viáticos y un vehículo. 
La unidad tuvo dificultades al tomar casos abandonados porque era muy difícil hallar pruebas. “Antes no cuidaban la escena, se perdían elementos y ya no se ubicaba a los testigos”, agrega. En los casos recientes, según la exfiscal, el problema más grande para resolverlos es la falta de “interés del fiscal y los agentes”. 
En el caso de Vicky, dos de las testigos de su asesinato están muertas y el Estado tendrá que dar muy pronto una respuesta a la CIDH. 

Actualmente en el Ministerio Público, varias fiscalías pueden ver casos de alto impacto. En 2017, el presupuesto general de la institución fue de 1,745,475,158 lempiras. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la Unidad de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables encargada de atender actualmente los homicidios de personas LGBTI. El presupuesto de esta última en 2017 fue de 25,502,261 lempiras y tiene, en la zona central, dos fiscales y, en la noroccidental, la misma cantidad de servidores públicos. Los operadores de justicia tienen a la orden investigadores de la ATIC y la DPI. 
Una de las críticas al sistema es que la carga laboral de un fiscal puede ser tan alta que las investigaciones no avancen ni se judicialicen los casos. También se le abona la falta de recursos económicos y técnicos. En 2017 han matado a 33 personas LGBTI en Honduras. Las últimas cuatro muertes ocurrieron en el departamento de Cortés. En Puerto Cortés, fueron asesinados dos gays y una transexual. El otro caso se dio en San Manuel, donde otra transexual fue ultimada por un supuesto cliente. En coordinación con la mesa de acceso a la justicia de San Pedro Sula y la unidad especial del Ministerio Público se han logrado judicializar siete de estos 33 casos. 
Durante la última campaña electoral hondureña, los discursos de odio contra los grupos lésbicos gays se intensificaron. “Reconocemos la importancia de realizar una investigación exhaustiva para evitar que estos crímenes queden impunes”, dijo en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras. 
Uno de esos casos que aguardan solución es el de Vicky Hernández Castillo. Han pasado más de ocho años desde su asesinato, pero hay personas que se han prohibido olvidarla, como las que presentaron a favor de ella una petición para la CIDH exigiendo que el Estado de Honduras responda por el crimen. 
No solo se trata de Vicky. Como ella, otras 257 víctimas LGBTI siguen esperando justicia, ya que sólo 24 casos han sido condenados, según información del Poder Judicial.